En vísperas del quinto aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, padres de estos jóvenes y normalistas realizaron un mitin frente a la Fiscalía General de la República, en el que pidieron que se llame a declarar y se sancione a ex funcionarios que inventaron la llamada verdad histórica, pues con su actuación impidieron que la justicia llegara y no se conociera la realidad del caso.

Los centenares de manifestantes se apostaron frente al organismo tras marchar por las avenidas Reforma e Insurgentes desde el llamado antimonumento a los 43 alumnos sin localizar.

Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, dijo que la fiscalía debe cumplir su obligación de llamar a declarar a ex funcionarios, como el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex procurador general, Jesús Murillo Karam.

Tras las negociaciones que los padres de familia han sostenido con representantes de la nueva administración federal, confió en que se realizará una verdadera investigación, ya que en esos trabajos están incluidos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre consignas exigiendo conocer al paradero de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y el planteamiento de que defenderán a las normas, De la Cruz estimó positivo que se haya llamado a declarar al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a sus colaboradores, porque no se debe dejar de lado a ninguno de los funcionarios de los tres niveles de gobierno que puedan aportar algún dato o evidencia sobre el caso.

Frente a los padres que portaban cartulinas con los nombres y las fotografías de sus hijos y en múltiples entrevistas a medios nacionales e internacionales, el vocero expuso que conocer la verdad de lo sucedido hace cinco años en Iguala no debilitará a las instituciones, sino que las fortalece.

Más tarde, familiares de los 43 desaparecidos y sus abogados dijeron que la lentitud con la que han ocurrido algunas acciones oficiales en el caso Ayotzinapa se debe en gran medida a la permanencia de funcionarios del gobierno anterior en la Fiscalía General de la República y el Ejército, pero también a que la indagatoria realizada por la extinta procuraduría genera mucha desconfianza y no sirve de base para realizar nuevos avances.

Vemos muy difícil (que haya avances más rápidos en la investigación) porque todavía están personas del gobierno anterior y puede ser que obstaculicen, pero nosotros le hemos dicho al fiscal especial del caso que si hay obstáculos, nos avise, porque nos tenemos que movilizar, afirmó ayer Cristina Bautista, madre de uno de los alumnos agredidos, durante una jornada informativa en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Pese a ello, indicó que las familias de los alumnos desaparecidos hace ya cinco años deben tener paciencia, porque a diferencia del gobierno anterior, que nos llevó cuatro años con puras mentiras, en el actual hay una actitud de apertura, aunque la confianza se irá construyendo conforme avancen las investigaciones.