La ingesta de alimentos procesados (chatarra) y bebidas azucaradas incrementan de manera sensible la emergencia nacional que ya significa la obesidad, por esa razón en la Cámara de Diputados se contempla aplicar un mayor gravamen de Impuestos Especiales a Productos y Servicios (IEPS), al consumo de esos productos.

Si se acepta la iniciativa podrían recaudarse hasta 80 mil millones de pesos, que serían destinados a combatir ese grave problema de salud pública. No será fácil, porque hoy el sector de empresarios de las grandes corporaciones alimenticias que reciben las mayores ganancias comercializan refrescos, jugos concentrados, papas fritas y pan procesado, entre otros miles de productos de esas características, han emprendido un cabildeo –en crecimiento– contra la pretensión de obligarles a pagar una mayor tasa de impuesto, y el etiquetado donde se advierte que el consumo de esas fórmulas puede afectar gravemente la salud.

Recién los directores de los institutos de especialidad en salud pública y altos funcionarios de la Secretaría de Salud han promovido la actualización del IEPS en los productos de alto nivel calórico. Conocedores de la gravedad del consumo de productos de esa calidad promovieron iniciativas en el Congreso para enfrentar los efectos de la obesidad, que al día de hoy provocan graves afectaciones en la vida de niños y jóvenes.

Pero la respuesta de los poderosos propietarios de las empresas dedicadas a producir esos alimentos y bebidas ha resultado avasalladora. A través del Consejo Coordinador Empresarial iniciaron el cabildeo más consistente de años recientes tratando de convencer a los diputados de todos los partidos de la inexactitud de la propuesta de médicos y especialistas.

Al consultar con diputados de la Comisión de Salud, advirtieron que legisladores cercanos a grupos empresariales de Monterrey, del estado de México y de la Ciudad de México, abogan por echar abajo esa iniciativa, que resultaría en beneficio de la atención a miles, por no decir millones de niños que padecen obesidad. Vienen y nos cuentan mentiras, y falsean datos de investigaciones, sobre la ingesta de esos productos.

Se espera que en unos días prospere la iniciativa, que se ha pretendido aprobar en pasadas administraciones, y ha resultado obstaculizada por los grandes consorcios de alimentos y bebidas chatarra.