La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, presentó una iniciativa para reformar los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, para incluir en los criterios para determinar los recursos destinados a las zonas de atención prioritaria, además de los índices de marginación, los de criminalidad y violencia.

Al argumentar la iniciativa, la diputada del grupo legislativo de Morena explica que es necesario prevenir el delito en la vulnerabilidad social y no cuando se manifiesta, ya que la seguridad es una precondición para ejercer el resto de los derechos, siendo el principal el derecho a la vida.

Expansión delictiva

Los bajos niveles de vida de las personas en situación de pobreza está desencadenando que muchas zonas del país se estén convirtiendo en áreas de expansión de la delincuencia, indicó.

La legisladora detalló que los ilícitos que más se cometen en México son el robo, en diversas modalidades, las lesiones, el homicidio y los delitos sexuales.

Recordó que las zonas de atención prioritaria son definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y para ello el Coneval recomienda que la determinación de las zonas de atención prioritaria se orienten a privilegiar aquellas entidades, municipios y localidades con elevados porcentajes de personas en situación de pobreza, y con altos niveles de rezago social o una combinación de esas condiciones, así como los municipios, localidades o grupos de manzanas donde operan las estrategias de política de desarrollo.

Por lo anterior, Barrera Badillo recalcó que la medición multidimensional de la pobreza, permite visibilizar su complejidad, y determinar la relación que hay entre la pobreza y la violencia que se vive en determinadas regiones o entidades de la República Mexicana.