La obligación de pagar impuestos entre todos los sectores económicos que actúan en el proceso de compra y venta de productos en el país, se llevó al pleno de la Cámara de Diputados donde el partido Morena presentó una relevante iniciativa de modificaciones a la Ley del IVA y al Código Fiscal de la Federación, para que toda prestación de servicios por medio de una plataforma digital cause el IVA en territorio nacional.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, aclaró que la medida no es, por ningún ángulo, un impuesto nuevo, y elevó la iniciativa que contiene un mecanismo de retención, el cual recae en principio, en las personas físicas o morales que reciban los servicios suministrados. No obstante, para llevar a cabo una recaudación efectiva se propone que las instituciones integrantes del sistema financiero sean las responsables solidarias de recaudar el impuesto y enterarlo al fisco federal.

La retención del IVA es un mecanismo que tiene como finalidad evitar que aquellos sectores de difícil fiscalización trasladen el impuesto, lo reciban y no lo enteren al fisco federal.

También se establece una opción para que los residentes en el extranjero que prestan servicios en territorio nacional mediante dichas plataformas puedan pagar el IVA correspondiente cuando cumplan los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria para ello, en cuyo caso no les aplicará la retención.

Es importante señalar que la presente iniciativa va encaminada a que los residentes en el extranjero que hoy en día prestan sus servicios en territorio nacional paguen el IVA por todos los servicios que prestan a los consumidores mexicanos; por lo que no se está estableciendo ningún impuesto nuevo ni se está aumentando la tasa de ningún tributo. Es decir, simplemente se está creando un mecanismo para que las empresas extranjeras paguen el impuesto al consumo adeudado en territorio nacional.

En la exposición de motivos se advierte que uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo federal desde el primero de diciembre de 2018 es la redistribución de la riqueza en beneficio de los más pobres. Para ello, el Presidente ha realizado ajustes importantes al aparato gubernamental con los cuales ha logrado direccionar mayores recursos económicos a programas sociales destinados a las clases más desfavorecidas del país, sin necesidad de aumentar impuestos o crear nuevos.

No obstante, la velocidad con la cual se desarrollan las actividades económicas a escala mundial y la generación de nuevas formas de creación de valor, hacen necesario la adecuación de los ordenamientos fiscales ya existentes, a efecto de no generar una competencia desleal entre los proveedores de bienes o servicios que realizan sus actividades económicas por medio de establecimientos, tiendas o locales fijos y aquellos que los ofrecen mediante plataformas digitales que generan ganancias multimillonarias.

El Foro Económico Mundial reporta que, antes del auge de la economía digital tomaba un promedio de 20 años a las empresas más grandes alcanzar una valuación de un billón de dólares. Sin embargo, empresas como Google, lo lograron en ocho años. A Uber y a Snapchat les tomó sólo cuatro años. Ello, en gran parte por la habilidad de explotar eficazmente a la economía digital.

Así, en México el comercio electrónico ha crecido más de 400 por ciento en los pasados seis años, cifra que resulta atractiva para inversionistas a escala mundial. Este crecimiento ha logrado posicionar a México como uno de los principales mercados de este tipo en Latinoamérica, pasando del lugar 35 al 19 dentro de la clasificación mundial.

A la fecha entorno a los impuestos directos no existe una solución mundial consensuada para fiscalizar legal y eficazmente a la economía digital. México ha respetado los convenios para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal que ha suscrito con otros países, no obstante, es necesario fiscalizar a la economía digital.

México debe encontrar soluciones propias para atender la fiscalización de las empresas residentes en el extranjero que hoy en día prestan sus servicios en territorio nacional por medio de una plataforma digital que explotan el mercado mexicano y que se aprovechan de la infraestructura de la nación pero que no pagan impuestos en nuestro país.