Integrantes de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (Anpmi) solicitaron al gobierno federal que institucionalice el 5 de septiembre como el día nacional de la mujer indígena.

Aunado a esto, demandaron que se garantice el derecho a la participación política del sector, el acceso a la tierra y a la justicia comunitaria y estatal, a tener traductores e interpretación en todos los espacios, sobre todo en el legal, a la salud y a la no violencia.

Sobre la petición de establecer esa conmemoración en el calendario cívico, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), expuso que lo ideal es que se hiciera un decreto.

En el conversatorio Mujeres Indígenas, una agenda urgente, realizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, Rosenda Maldonado Godínez, de la Red Nacional de Mujeres Indígenas por la Madre Tierra y Territorio, señaló que una de las mayores desigualdades que se vive en México es el acceso a la tenencia de la tierra: de los 29 mil 18 ejidos, sólo 21.79 por ciento de los ejidatarios son mujeres.

Lamentó que más de 70 por ciento de la tierra en las comunidades y ejidos esté en manos de los hombres y acotó que esto se debe a que el reparto agrario no se realizó con perspectiva de género. Subrayó que al no ser propietarias, no están en las asambleas ejidales y no pueden acceder a la toma de decisiones.

Zenaida Pérez Gutiérrez, integrante del Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas, sostuvo que en el país hay 13.2 millones mujeres indígenas, las cuales están subrepresentadas en los espacios políticos.

Escasa representación en la esfera política

Detalló que de las 13 curules para indígenas, seis o siete deberían ser para mujeres, pero sólo llegaron tres. Hay que ver qué pasó con los partidos políticos.

Acotó que es importante estar en espacios de decisión, si no estamos ahí nadie va a entender nuestras demandas.

Edith Matías Juan, de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, dijo que en 2015, más de 80 por ciento de indígenas no tuvieron servicio de interpretación, sobre todo en Chiapas y Oaxaca, y lamentó que no se etiqueten recursos para el pago de intérpretes.

Consideró que necesitamos una política lingüística, pues este es un derecho que nos permite acceder a otros derechos, como libertad, salud y la vida misma.