El proceso para la compra de medicinas y material de curación 2020 debió empezar el pasado 30 de agosto. No fue así y es probable que pase otro mes para que se inicie, cuando menos. Este retraso ahora sí genera un elevado riesgo de desabasto generalizado en las instituciones de salud, advirtieron ejecutivos de la industria farmacéutica.

No obstante, con la finalidad de prevenir fallas y carencias de insumos en clínicas y hospitales, a instancias del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y por medio del recién creado Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico (Cofinece), se integró un grupo de trabajo en el que participan representantes de los laboratorios y del gobierno.

Se han reunido en tres ocasiones para elaborar un documento-propuesta sobre cómo podría realizarse la compra consolidada para el abasto del próximo año. La idea es presentarlo al presidente Andrés Manuel López Obrador para su aprobación y avanzar en la licitación.

Se trata, explicaron empresarios consultados por La Jornada, de avanzar y evitar que se cometan los errores de la primera compra de insumos, la cual concluyó en junio, pero a la fecha sigue pendiente la distribución de productos. Dejó insatisfacción y fue un desgaste para todos, afirmaron.

Para el segundo semestre de este año, el surtimiento de medicamentos se garantiza, en general, por los contratos vigentes –firmados en la compra consolidada de diciembre de 2018– y se podría estirar al máximo para cubrir los primeros meses de 2020.

Esta no es la mejor alternativa para los fabricantes que, nuevamente, plantean la necesidad de que haya certeza en diferentes aspectos de la adquisición, como el volumen de los pedidos que harán las instituciones para el próximo año, que haya tiempo suficiente (cuatro meses mínimo) para realizar la producción –incluye la compra de materias primas– y poder hacer las entregas a tiempo, así como con el fin de recibir los pagos.

Hasta ahora nada de esto se ha concretado. Para la industria farmacéutica es urgente iniciar ya la licitación y el gobierno debería tener la misma prisa, señalaron los entrevistados. Sin embargo, también advirtieron sobre la importancia de que haya planeación, pero hoy prevalece la incertidumbre.

Los laboratorios están de acuerdo en colaborar para mejorar el acceso a la salud. El sector privado ya ha expresado su apoyo para el plan del gobierno sobre el sistema. A cambio, también es fundamental que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) haga lo que le corresponde, incluida la emisión de los registros sanitarios y permisos de importación.

Respecto al sistema de pagos, los entrevistados detallaron que debido a la exclusión de las empresas distribuidoras que en el pasado se hacían cargo de las entregas, cobrar las facturas e incluso financiar a las instituciones, es ahora la responsabilidad de los fabricantes. El problema es que no podemos asumir un compromiso de entrega sin la seguridad de que cobraremos sin dilaciones, menos aún con mecanismos como el que se introdujo en la compra consolidada de junio: la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud efectuaron los concursos, asignaron ganadores, pero los contratos y compromisos de entrega y pagos se realizaron con cada institución de salud por separado.