La ley de amnistía que prepara el gobierno federal beneficiará a unas 4 mil mujeres sentenciadas y encarceladas por delitos contra la salud o relacionados con el aborto, resaltó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher, de Morena.

Durante una reunión con presidentas de tribunales de justicia de Oaxaca, Coahuila, Guanajuato e Hidalgo, hubo coincidencia en la necesidad de impartir justicia con perspectiva de género, dado que además de sufrir la privación de la libertad, enfrentan el abandono familiar.

La senadora Mícher resaltó la importancia de la ley de amnistía, ya que, expuso, el indulto puede ser otorgado por el Presidente de la república, pero sólo para sentenciados por delitos del fuero federal. No aplica a la mayoría de las mujeres presas en penales estatales, a quienes se aplicaron legislaciones locales que consideran los abortos espontáneos y los partos prematuros como delitos de homicidio o infanticidios.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. María Claudia Barrera Rangel, dijo que en casi 100 por ciento de los casos, las mujeres encarceladas sufren el abandono y hasta el rechazo familiar. Expuso luego que cada caso debe revisarse de manera individual, porque cada uno está rodeado de circunstancias especiales que orillaron a la mujer a delinquir.

La magistrada dijo estar muy atenta a las condiciones en que pagan las sentencias y la posibilidad de aplicar medidas alternas apegadas a la ley, para liberarlas.

A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Oaxaca, María Eugenia Villanueva, resaltó que el gobernador de esa entidad, Alejandro Murat, ha dado pasos para erradicar la violencia contra la mujer y que no sean revictimizadas. Expuso varios casos extremos, entre ellos el de una madre que permitió al esposo violar a sus tres hijas, la menor de ellas de cuatro años.

La magistrada Míriam Cárdenas, presidenta del Tribunal Superior de Coahuila, aludió a la necesidad de impartir justicia con perspectiva de género, a fin de evitar que se vulnere el debido proceso.

La senadora Mícher resaltó que ello significa una justicia sin prejuicios. Relató la historia de una mujer que exigió pensión para su hijo al padre de éste, que era casado, la esposa la demandó por daño moral y fue sentenciada por haber roto la dignidad y armonía del matrimonio.