Uno de cada 10 feminicidios en el país ha sido contra niñas y adolescentes, exhibió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a cargo de Juan Marvin Pérez.

Al analizar datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), la red exhibe que de enero de 2015 a julio de 2019 se han registrado 4 mil 664 víctimas de homicidio doloso de niñas, niños y adolescentes; ocho de cada 10 de estos casos corresponde a niños y adolescentes varones.

Entre enero 2015 y julio de 2019 hubo 3 mil 297 feminicidios en todo el país, 317 han ocurrido entre la población de cero a 17 años, es decir, uno de cada 10 feminicidios en el país afecta a niñas y adolescentes.

Durante 2018, ocurrieron en promedio siete asesinatos al mes contra niñas y adolescentes, y en lo que va de 2019 se registran 59 feminicidios (cerca de ocho cada mes).

La Redim expuso la urgencia de construir una estrategia nacional para detener el incremento de la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes.

En un estudio aparte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que en México, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos accesibles para reportar y pedir ayuda.

Por otro lado, cuando se elaboran estadísticas y se recoge información sobre la percepción de la violencia o experiencias de victimización, es común que la población objetivo de los análisis sea generalmente de personas mayores de 18 años.

Por esta razón, agregó la agencia de la ONU, los datos sobre violencia contra los menores son escasos, incompletos o se encuentran fragmentados entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos.

Ante la multiplicidad de registros, la falta de interrelación entre éstos y la insuficiente información estadística sobre la violencia, resulta complejo diseñar e implementar políticas de prevención y protección integrales y coherentes para ponerle fin, advierte el Unicef en el reporte Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La agencia argumenta que entender el problema de manera parcial incrementa las posibilidades de que niñas, niños y adolescentes vuelvan a sufrir algún hecho violento, a la vez que reduce las probabilidades de que sus derechos puedan ser, efectivamente, garantizados, protegidos o restituidos.

Invisibles, las víctimas indirectas de feminicidios

En Mexicali, BC, Maricarmen Rioseco, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), advirtió que las víctimas indirectas de los feminicidios en México y, en particular en Baja California, están desprotegidas y carentes de atención institucional.

La funcionaria aseguró que ello es un rubro pendiente en México y en esta entidad fronteriza que registra altos índices de asesinatos de mujeres.

Baja California está entre las primeras 10 entidades del país en asesinatos y violencia hacia las mujeres, de acuerdo con el Sesnsp 2019.

“Los huérfanos son víctimas invisibles en los feminicidios, agregó, por lo que Inmujeres busca elaborar un catálogo, pues los hijos, hijas, padres, madres o hermanas que dependían emocional, física y económicamente de las mujeres asesinadas, son víctimas colaterales que requieren atención sicológica y acompañamiento, porque además de su orfandad están también las afectaciones maternales y materiales, comentó.

La mexicalense señaló que en muchos casos son víctimas de acoso escolar, bullying y son estigmatizadas por la situación y el contexto en que sus madres desaparecen de su vida, por lo que se hace necesaria la terapia sicológica para ellos y todo el núcleo familiar.

Rioseco Gallegos, fundadora a finales de la década de 1980 del Grupo Feminista Alaíde Foppa, expresó que esa tristeza y dolor suelen convertirse en amargura social.

La violencia feminicida implica un riesgo en el proyecto de vida de estas víctimas indirectas, por eso es importante para ellas y la propia comunidad que se repare y resarza con atención física, sicológica y que se aseguren su escolaridad y sustento.

(Con información de Antonio Heras, corresponsal)