La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (Ugira) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) creará un registro de los funcionarios que sean denunciados de incurrir en responsabilidades administrativas, así como por acoso laboral o sexual que se cometan dentro de este órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) y se inicien los procedimientos de sanción que correspondan.

Como parte de los nuevos mecanismos para combatir la corrupción, la Ungira, de acuerdo con el artículo noveno del acuerdo general de administración número IX/2019, en el que se expiden los lineamientos para el ejercicio de las facultades y atribuciones de esta área de la Corte, señala que contará con un registro que contendrá el nombre de la persona denunciada, la conducta y falta presuntamente advertida, fecha de audiencia, compromiso, condiciones y resultado del trámite.

En el registro se anotarán si los funcionarios denunciados han cometido faltas graves, que se traten de un daño o perjuicio trascendental o relevante para el patrimonio de la Suprema Corte, y si han repetido más de una vez la conducta denunciada.

La Ugira tiene, entre otras atribuciones, llevar a cabo investigación en la materia de responsabilidades administrativas, así como recibir quejas o denuncias y sustanciar los procedimientos por acoso laboral o sexual; para que a partir de la información recabada se califique tanto la conducta como la falta y en su caso se proponga el inicio del procedimiento respectivo.

La transición al nuevo sistema de responsabilidades administrativas implicó la reingeniería normativa y estructural de dicha unidad general, con el fin de asegurar la independencia y eficacia de su labor, con apego a los parámetros constitucionales y al régimen especial que rige al Poder Judicial de la Federación, señalaron funcionarios consultados.

Con ello, indicaron los entrevistados, se ampliaron sus facultades en cuanto a la admisión de denuncias administrativas e implementó herramientas para ampliar la gama de soluciones oportunas, sensibles y proporcionales, que deriven en ahorros propios de un procedimiento expedito; además de potenciar la identificación, prevención, combate, detección, investigación y en su caso sanción de las conductas u omisiones trascendentales, acorde con una cultura de servicio e integridad orientada al logro de resultados.

Esto, bajo los principios de austeridad, sin perder de vista el debido proceso, legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, respeto a los derechos humanos, oportunidad y exhaustividad.