El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará este primero de septiembre al Congreso de la Unión, como iniciativa preferente, la ley de amnistía, que beneficiará a personas que se encuentran en prisión por delitos menores, que por fallas en el sistema judicial no han tenido el debido proceso o que por carecer de recursos económicos no han contado con un abogado. No se trata en forma alguna de amnistiar a narcotraficantes u otros integrantes de grupos criminales, aclaró el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño.

Al ser entrevistado en el Senado, luego de participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, adelantó algunos puntos de esa ley de amnistía que el presidente López Obrador dará a conocer este domingo y mandará al Congreso para ejercer su facultad constitucional de remitir al inicio de cada legislatura una iniciativa preferente.

La ley de amnistía propuesta, detalló, beneficiará a los indígenas presos en las cárceles del país que se encuentran recluidos por no hablar español, ya que en sus procesos judiciales no contaron con defensores que hablaran sus lenguas. Se estima, precisó el titular de Seguridad Pública, que hay 7 mil presos indígenas y el Estado mexicano sólo cuenta con 25 traductores.

También se podrán beneficiar con esa ley, agregó, las personas que bajo la presión o la extorsión de grupos criminales han transportado pequeñas dosis de droga y que están en la cárcel porque no tienen dinero para pagar un proceso jurídico.

Durazo Montaño explicó que es una iniciativa que se necesita porque el sistema penal tiene muchas deficiencias en el país y en general todo el sistema de administración y procuración de justicia ha dado paso a que las personas detenidas que carecen de recursos, o que no hablen español, no puedan defenderse y se les ha dejado en la prisión muchos años.

No quiso agregar más y tampoco lo hizo el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Sólo confirmó a los senadores de Morena que la hará llegar el presidente López Obrador al Congreso este primero de septiembre, en que se abre el periodo de sesiones ordinarias en ambas cámaras.

Por ser una iniciativa preferente, la cámara de origen tendrá un mes para dictaminar la reforma y la revisora, el mismo plazo. Ello significa que a más tardar en noviembre tendría que estar aprobada.