La elección del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se enfila a un conflicto entre las fuerzas políticas ahí representadas, a raíz del deseo de Porfirio Muñoz Ledo de ser relecto en esa posición, y el reclamo tanto del PAN como del PRI al demandar respeto a la legalidad, asumiendo los términos del artículo 17, numerales 7 y 8 de la Ley Orgánica del Congreso, cuyo mandato establece la rotación de ese órgano de gobierno.

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) presentó una iniciativa de reforma al citado ordenamiento y así posibilitar el control de la presidencia cameral al grupo político que alcance la mayoría simple en la votación total del pleno, es decir, 250 más uno.

En ninguna parte del mundo la presidencia de una cámara está al orden del mejor postor ni es producto de un fraude o acuerdos cupulares tras bambalinas. No debemos tratar así a este órgano legislativo. Las leyes son dinámicas, se actualizan conforme con la realidad, no la realidad a las leyes. Por eso, es importante modificar el escenario, adujo.

Para la representante morenista, la decisión de los panistas por elegir a Xavier Azuara como su candidato para conducir la presidencia es ominosa, proveniente de un sector radical de esa organización: es de ultraderecha; también tenemos que pensar en eso. Porque si fuera un panista, digamos, pues porque hay panistas de larga trayectoria, patriotas, hay gente buena en el PAN, pero ponen a un casi nazi, pues no. Porque entonces sí se pone en riesgo la Cuarta Transformación.

Un escenario con tales indicios de confrontación depara complicaciones para la elección del titular de la mesa directiva y visos de complicaciones en la gobernabilidad interna. El sábado, los panistas –fundados en un acuerdo aceptado por Mario Delgado, el coordinador de Morena, para asumir el contenido del artículo 17 y dos de sus numerales– presentarán a la dupla Xavier Azuara y Laura Rojas para encabezar la presidencia (seis meses y seis meses cada uno).

Tal propuesta no prosperaría, porque contaría con menos de 130 votos (sumados los del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano), y por ello habrá de cumplirse el precepto del artículo séptimo donde se dispone la elección de los integrantes de la mesa directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura durante la sesión preparatoria, garantizando que recaiga en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios –con mayor número de diputados– que no la haya ejercido.

Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada (la tercera parte de los 500 diputados, equivalente a 335), la presidencia en funciones se mantendrá hasta el 5 de septiembre con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

De eso se desprende el numeral octavo, pues en ningún caso la presidencia de la mesa directiva recaerá en el mismo año legislativo en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política, es decir, Morena.

Ante este embrollo, de llevarse al extremo, implicaría extender el proceso hasta que el bloque mayoritario, a través de la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo, alcance la mayoría calificada y se concrete la continuidad en ese espacio de gobierno.

La segunda posibilidad es la consecución del trámite de la iniciativa de Dolores Padierna. Aprobarla en la Comisión de Puntos Constitucionales, llevarla al pleno y de ahí, con el respaldo de Morena y sus aliados, validarla, para de inmediato mandarla al Senado para su ratificación. Esa opción se deberá atener a los cálculos de gobernabilidad en la colegisladora.

O bien, en los próximos días el PT sumaría a sus filas a diputados desprendidos de Morena y Encuentro Social, y así constituirse en segunda fuerza en San Lázaro, hecho que les redituaría la mesa directiva en automático, que también estaría reservada para Muñoz Ledo.