l ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, prohibió ayer la entrada del barco humanitario Eleonore a las aguas territoriales italianas. Desde el lunes, ese navío de la organización no gubernamental (ONG) alemana Mission Lifeline busca un puerto para poner a salvo a un centenar de migrantes que rescató de un bote en el Mediterráneo, acción durante la cual presuntamente recibió amenazas de una de las facciones armadas que se disputan el poder en Libia.

Este acto de hostilidad contra la inmigración podría ser el último de Salvini desde que llegó al poder hace 14 meses, pues resulta muy probable que hoy mismo se anuncie el fin de la coalición gubernamental entre el Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga Norte, de la cual es líder.

De manera paradójica, fue el mismo Salvini quien propició su caída al promover una moción de censura contra el primer ministro, Giusepe Conte, el pasado 8 de agosto, con la finalidad de forzar la convocatoria anticipada a unas elecciones en las cuales se consideraba favorito.

Sin embargo, el rechazo al Eleonore rebasa al ámbito italiano, y debe enmarcarse en la sistemática criminalización emprendida por los estados europeos contra las ONG y otras instancias que intentan salvar las vidas de quienes naufragan en el Mediterráneo en su intento de alcanzar Europa desde el norte de África.

En efecto, durante los últimos años se ha desplegado una campaña declarativa y mediática que busca equiparar a los rescatistas con piratas, traficantes de personas e incluso, de manera grotesca, con actores bélicos, como hizo Salvini al acusar a la capitana alemana Carola Rackete de actos de guerra, cuando el barco que comandaba supuestamente tocó a una lancha de la policía italiana.

Esta política, que apela a los impulsos xenófobos de una parte del electorado europeo, supone un desplazamiento de la responsabilidad de los gobiernos obligados a respetar el derecho internacional y los más elementales deberes humanitarios (como el de resca-tar a los náufragos y llevarlos a puerto seguro) a las organizaciones que, en la lógica de las ultraderechas, cometen actos punibles al desembarcar migrantes indocumentados.

Además de la bancarrota moral que supone dicha explotación de la xenofobia con fines políticos, los mandatarios europeos antinmigración exhiben su doble moral al pretender dejar fuera de sus fronteras a quienes huyen de naciones destrozadas por la propia injerencia de Occidente.

Prácticamente no hay nación africana o del Medio Oriente que en algún punto de su historia, o incluso en el presente, no haya sufrido el saqueo, la esclavitud, la organización de golpes de Estado, la inducción de guerras civiles y un sinfín de modalidades de depredación humana y ambiental por parte de los países que hoy niegan asilo a los migrantes.

Cierto es que Salvini se erigió en emblema de esta nueva derecha europea, porque no tiene ningún escrúpulo en hacer gala de su racismo ni en coquetear con las manifestaciones más extremas de mano dura, pero por desgracia no está solo, y su posible caída no significa necesariamente un viraje de Italia en esta senda.

Cabe esperar que organizaciones como Mission Lifeline, Open Arms y otras reciban un creciente respaldo social que en un futuro próximo se traduzca en la llegada al poder de gobernantes preparados para asumir su responsabilidad ética dentro y fuera de sus fronteras.