La Secretaría de la Función Pública ha resuelto 100 destituciones de funcionarios públicos y 183 sanciones económicas por 5 mil millones de pesos, informó ayer la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

En el contexto de la firma de un convenio para agilizar la presentación de declaración patrimonial de los diputados, la funcionaria reconoció que los conflictos de interés constituyen todavía un problema estructural.

Explicó que la colaboración busca fomentar integridad, ética, honestidad y legalidad con los poderes del Estado y planteó que el Congreso puede aprobar una ley de prevención y castigo a los conflictos de interés.

Después de la suscripción del acuerdo, en conferencia de prensa aclaró que la aplicación de la plataforma Declaranet Plus para los legisladores, no está relacionado con alguna suspicacia, sino tiene como objeto el fomento a una nueva ética pública.

También se abordó el caso más reciente que desató un conflicto interno en Morena: la acusación de la diputada Inés Parra al presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, de cobrar moches de proyectos culturales autorizados en el presupuesto para este año.

Exigen pruebas a Inés Parra

Porfirio Muñoz Ledo informó que la contraloría interna de la cámara citó a Inés Parra para que presente pruebas y el titular de esa instancia, Jorge Torres Castillo, explicó que la legisladora debe acudir.

Dependiendo de lo que ella presente se iniciaría un procedimiento de responsabilidades administrativas, dijo.

-¿Y si la diputada no acude? -se le preguntó.

-No, claro que tiene que acudir -respondió el contralor. Mientras que Porfirio Muñoz Ledo reforzó: tiene que presentarse.

Antes, en el encuentro con Sandoval, Muñoz Ledo declaró que en San Lázaro “se acabaron los moches. Hay dos o tres denuncias, la más reciente de una diputada respecto del presidente de la Comisión de Cultura; giré instrucciones muy claras para que se investigue y lleguemos al final. Estamos abiertos a la denuncia y a cualquier forma de escrutinio. Quienes tengan pruebas de moches, que las exhiban y corregiremos el caso”.

Por su parte, la titular de la Función Pública expuso que la confianza en la dependencia incrementó la presentación de denuncias ciudadanas, que de enero a julio suman casi 23 mil denuncias, 40 por ciento más que el año pasado.

En el mismo periodo se iniciaron mil investigaciones, se impusieron sanciones a casi 2 mil 400 funcionarios, y se inhabilitó a directores y altos mandos, abundó.