La imposibilidad de rastrear los fondos públicos que son desviados a través de esquemas como la llamada Estafa maestra reside principalmente en que las empresas fantasma son las encargadas en última instancia de recibir el dinero y dispersarlo, por lo que no existe ningún responsable al que se le pueda reclamar por ello.

Así lo afirmó Alicia Bueno, experta en temas de auditoría, quien señaló que para evitar este tipo de fraudes es necesario establecer diversas medidas de precaución, como acabar con los huecos legales en la asignación de contratos y darle seguimiento a la evolución de los obras o servicios encomendados antes de pagar por ellos.

La pérdida de los recursos públicos ocurre debido a que no se trata de un solo delito, sino de un conjunto de ellos que permiten que esa situación pase. No sólo hablamos de desvío de recursos, sino de constitución de empresas fantasma y de prestanombres, indicó la especialista de la Secretaría de la Función Pública.

“En el caso de la ‘Estafa maestra’, se contrató a universidades para que ellas ejecuten el dinero, pero subcontratan a empresas que no existen, y ahí está el meollo del asunto: no hay a quién reclamarle o pedirle cuentas.

Voy a donde están registradas sus oficinas y se encuentran en comunidades rurales o barrios populares, donde los supuestos responsables de las empresas no están enterados de nada.

Un aspecto más que incide en la comisión de nuevos fraudes, señaló Bueno, es que algunas plataformas pensadas para transparentar los procesos de adquisición de bienes o realización de obras –como CompraNet– únicamente registran la firma de un contrato, pero no le dan seguimiento a las empresas beneficiarias ni al trabajo que se les encarga.

“Lo único que se dice es ‘tú ganaste el concurso y se acabó’. Hay varios huecos y vacíos legales y de procedimiento que limitan la capacidad de identificar posibles prácticas de fraude. La ley es tan ambigua que se pueden hacer adjudicaciones directas de contratos argumentando que es ‘por necesidades del servicio’”, recalcó.

Para evitarlo, la especialista sugirió adoptar medidas de prevención, entre ellas verificar que las empresas que se postulan para obtener un contrato realmente tienen la capacidad de cumplirlo; formar un padrón actualizado y confiable de compañías autorizadas, y diseñar un esquema en el que se entregue dinero en etapas a los proveedores, a cambio de pruebas de buen desempeño, en vez de dárselo en una sola exhibición.