Después de que la Secretaría de Gobernación anunció la cancelación del diálogo con los grupos de autodefensa, continuaron las reacciones tanto de políticos como activistas de derechos humanos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confió en que se aplique la ley y se persiga el delito, mientras que el ex rector de la UNAM, José Narro, destacó que el diálogo siempre debe fomentarse, pero también hay que saber que hay límites de con quién se puede uno sentar a hablar y en qué momento y condiciones.

En contraste, Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, consideró que con versiones encontradas en el seno del actual gobierno sobre la necesidad o no de dialogar con grupos de autodefensa, se juega con las esperanzas de muchas víctimas, en particular de quienes han sido víctimas de desplazamiento forzoso.

Aureoles reiteró, tras participar en la primera asamblea nacional de la agrupación Futuro 21, su rechazo al diálogo con grupos armados, la mayoría de los cuales, afirmó, están vinculados con actividades ilícitas.

Señaló que difiere de quienes creen que apapachando a delincuentes se terminará con la violencia, y exigió que se deje de empoderar a quienes se encuentran al ­margen de la ley y rechazó el término pacificar, pues ello implica que hay una guerra. En Michoacán no hay guerra, pero sí grupos de delincuentes, añadió.

José Narro, ex rector de la UNAM, destacó que el diálogo debe hacerse público e informar a los gobernadores, porque de lo contrario se presta a interpretaciones, resaltó.

Por separado, Olivares consideró que el Ejecutivo federal debe asesorarse mejor sobre las autodefensas, y diseñar una estrategia para alcanzar la paz que no esté basada sólo en la militarización de la seguridad pública.

Es una tomadura de pelo que primero se diga que dialogan con grupos delincuenciales y luego tratan de enderezar diciendo que son autodefensas. Es una burla para las familias afectadas por la violencia, sobre todo las víctimas de desplazamiento, porque les despiertan la esperanza de que hay una estrategia de pacificación para regresar a sus comunidades, y después no sea cierto, enfatizó el activista.

Instó al gobierno a investigar bien cuáles son los grupos con que se podrían iniciar algún diálogo para cerciorarse de que no son de la delincuencia organizada. De nada sirve que primero dialoguen y luego los desautorice el Presidente, sobre todo porque son las víctimas y las familias las que quedan en medio de esta confrontación, indicó.