Lo dispar en la regulación ha hecho que el sistema de pensiones en México se caracterice por su desigualdad. De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) se asignan 8.8, 6.7 y 11.3 veces más para sus trabajadores en retiro que para uno adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En ese contexto, la diferencia en los ingresos se refleja todavía más en el rubro de quienes reciben una pensión de adultos mayores, donde el costo promedio de cada beneficiario es de 15 mil pesos al año, 49.9 por ciento de adultos que obtienen ese ingreso mínimo, frente a 803 mil 115.7 que perciben los pensionados de la CFE y que representan 0.4 por ciento de la población pensionada.

Los 639 mil 022.8 pesos anuales de los ex trabajadores de Pemex equivalen a 0.9 por ciento de la población pensionada y los 167 mil 081.7 entre los de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En tanto, el resto de los ex empleados, fuera del ámbito gubernamental (IMSS), recibe al final 80 mil 973.8 pesos, una décima parte de lo que toca a los pensionados de la CFE.

De acuerdo con Alejandra Macías, experta en pensiones del CIEP, se estima que las prestaciones promedio de un pensionado de la extinta LFC –empresa que cerró el ex presidente Felipe Calderón de la mano de su secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón– llegarían a un millón de pesos. La información al respecto es poco transparente, subraya.

Además de exhibir la información del CIEP, como que se garantizaron mejores condiciones de retiro para trabajadores de gobierno en los sexenios pasados, Macías detalló en un taller para reporteros la presión para las finanzas públicas en todos los esquemas. En 2019 el gasto en pensiones implica lo mismo que la recaudación por impuesto al valor agregado: 4 por ciento del producto interno bruto.

En promedio, de 2013 a 2019 cada año las pensiones contributivas de reparto crecieron 3.3 por ciento, mientras las de cuentas individuales 7.2.

La investigadora agregó que hay un sistema de pensiones fragmentado, con más de mil subsistemas, entre los que se pueden encontrar los mencionados.

A ellos se suman los del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Secretaría de Desarrollo Social, entidades federativas, municipios, universidades y banca de desarrollo.

Además, cada estado tiene esquema propio. Entre esa heterogeneidad, estimó Macías, las finanzas públicas dejarían de pagar esos esquemas de reparto hasta 2100.

Destacó que en la mayoría de los estados no se reconocen en detalle los pasivos pensionarios, tema sobre el que abundó en semanas recientes la calificadora Moody’s.

Los sistemas públicos de pensiones son un riesgo creciente para las finanzas de los estados, porque su costo aumentará a una tasa promedio de 23 por ciento anual durante los próximos seis años, advirtió la firma.

En al menos 10 estados, subrayó, los pasivos de las pensiones rebasan los ingresos.