El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, señaló que el fin de la impunidad será la mejor medida de prevención posible para evitar crímenes y agresiones contra los defensores de las garantías fundamentales en el país.

Al participar en la presentación del informe Defender los derechos humanos en México. ¿El fin de la impunidad?, Jarab subrayó la necesidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investigue y resuelva no sólo los casos de graves violaciones a los derechos humanos de los activistas, sino todas las agresiones, por mínimas que sean, pues cada vez más se presenta la escalada de violencia contra este sector.

Aseveró que con el actual gobierno federal se han dado los canales para propiciar cambios, y si bien existe un avance en algunas investigaciones en la materia, éstas deben concretarse con el completo esclarecimiento de los hechos, con indagatorias apegadas a derecho que lleven a sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales.

El informe, elaborado por el Comité Cerezo, documenta los casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y sociales y grupos durante el último semestre del gobierno de Enrique Peña Nieto y el primero de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El titular de a ONU-DH en México destacó la cooperación que su oficina ha mantenido con la Secretaría de Gobernación para hacer un diagnóstico del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Al respecto, subrayó que no basta con fortalecer la protección de los beneficiarios, sino que se necesita mejorar los procesos de investigación judicial y superar la impunidad para cambiar el contexto en el que esos profesionales se desarrollan.

Si bien se han dado avances, dijo, aún persisten en el país, sobre todo a escala local, dinámicas estructurales que propician la desigualdad y las violaciones de las garantías fundamentales.

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, destacó la importancia del informe –que es el octavo en la temática presentado por el Comité Cerezo–, ya que refleja una serie de violaciones a derechos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, ataques físicos, entre otros, cometidos tanto en el sexenio pasado como en lo que va del actual.

Comparar el final de un sexenio y el principio de otro tiene, sin lugar a dudas, un claro objetivo estratégico: demostrar por medio de datos, evidencias, razonamientos e interpretaciones la continuidad o discontinuidad del actual gobierno con respecto a la represión estatal, la cual es una forma de poder que siempre busca inhibir, desarticular y eliminar las resistencias y luchas de la sociedad civil, las organizaciones y los movimientos sociales y populares contra las políticas neoliberales, remarcó.

Los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo, integrantes del comité, detallaron el contenido del informe: durante el último semestre del gobierno de Peña Nieto se presentaron 64 hechos que sumaron 822 actos violatorios, siendo Veracruz la entidad con el mayor número (682), mientras que en los primeros seis meses de López Obrador se dieron 44 actos, con 331 hechos violatorios, y Guerrero es el estado con más agresiones.

Durante la parte final del sexenio pasado, las principales víctimas fueron organizaciones y comunidades, mientras que en el actual los abusos se enfocan más hacia las personas.