Los días en prisión se acumulan para Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Hace más de 17 años fueron acusados de homicidio calificado y desde entonces están presos, pero aun cuando ha pasado tanto tiempo no han sido sentenciados.

Agrupaciones civiles y organismos internacionales –tanto del sistema de Naciones Unidas como del Interamericano– califican este caso como el proceso más largo de prisión preventiva sin sentencia registrado en todo el mundo occidental. La Constitución asienta que la prisión preventiva debe prolongarse uno año o máximo dos.

Ayer se tenía previsto realizar una audiencia en la que esperaban se decretara que ambos puedan seguir el proceso en libertad. Sin embargo, el juez penal de primera instancia del distrito judicial de Tlalnepantla, estado de México, Felipe Landeros Herrera, decidió aplazar la cita para el próximo lunes 19 de agosto con el argumento de que la Unidad de Medidas Cautelares no presentó un informe.

Los dos se encuentran sujetos a proceso por el homicidio de quien fuera regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez, en septiembre de 2001. A García Rodríguez se le detuvo en febrero de 2002 y es acusado de ser el autor intelectual; de acuerdo con su defensa, fue torturado sicológicamente durante el tiempo que estuvo en arraigo. Alpízar Ortiz fue aprehendido ocho meses después y se le torturó para declararse como autor material del asesinato y afirmar que Daniel fue el que le dio la orden de cometer el delito.

En un comunicado, el colectivo Pena Sin Culpa, que sigue el caso, indicó que por más de 17 años, ambos han sido víctimas del sistema de justicia estatal, pues han permanecido en prisión sin haber cometido delito alguno.

Instancias internacionales se han pronunciado en su favor. En 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió su inmediata liberación, de igual forma la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura del organismo multilateral. También lo hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –que recientemente admitió el estudio del caso– y Amnistía Internacional.

En la audiencia se revisaría el cambio de medida cautelar para que los dos pudieran seguir su proceso legal en libertad debido a las violaciones de los derechos humanos de las que han sido víctimas. La ONG señaló que si hubieran sido condenados conforme a derecho, ya hubieran cumplido la sentencia que se da por el delito que se les imputa: 15 años y ocho meses.