El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró, en el auto de vinculación a proceso dictado contra Rosario Robles Berlanga, que la ex funcionaria tácitamente permitió que en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se ocasionaran daños al erario, y señaló que el responsable fue principalmente Emilio Zebadúa González, como oficial mayor en las dos dependencias. Así, a pesar de la ascendencia jerárquica sobre él, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulares.

El ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con una suspensión que impide que lo detengan y pongan a disposición de un juez, al igual que sucedió con Rosario Robles, y un juzgado federal le negó un amparo para conocer otra investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, relacionada con expedientes en los que le atribuyen delitos cometidos por servidores públicos.

Un juzgado federal con sede en Quintana Roo desechó un amparo promovido por Zebadúa. El ex funcionario buscaba que la FGR le diera acceso a la carpeta de investigación DEF/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, en la cual se le menciona como posible autor de varios delitos que habría cometido durante su ejercicio como servidor público.

Se trata de una indagatoria iniciada el año pasado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, ligada al caso contra Robles Berlanga, por la cual el martes pasado fue vinculada a proceso por su posible responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público.

La demanda promovida por Zebadúa fue presentada ante el juzgado quinto de distrito, con sede en Cancún, y desechada con el argumento de que la investigación de la FGR aún está en proceso y, por tanto, no le ha causado ninguna afectación.

La resolución del desechamiento señala que el acto reclamado, en este momento no le causa a la parte quejosa perjuicio alguno, pues éste se materializa hasta que se decida la judicialización de la carpeta de investigación y se le cite para la formulación de la imputación; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público.

Zebadúa solicitó un amparo similar ante un juzgado federal de Tapachula, Chiapas, donde en principio le otorgaron la suspensión provisional, no la definitiva, porque las audiencias subsecuentes fueron diferidas.

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que intervino varias cuentas bancarias de Zebadúa y Robles con el fin de revisar sus movimientos en busca de transferencias vinculadas a los convenios fraudulentos que se habrían celebrado en Sedesol y Sedatu durante los años en que ambos trabajaron en esas dependencias.

También se conoció que al menos cuatro propiedades a nombre de Zebadúa habrían sido utilizadas para falsificar documentos con los cuales se trató de justificar el dinero destinado a los convenios denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como fraudulentos.

En el amparo desechado en Quintana Roo, número de expediente 900/2019, se responde a Zebadúa que la investigación en curso por la FGR no le ha causado aún ningún agravio pues el fiscal investigador, está facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos; por tanto, sus actuaciones, de momento, en el sentido de integrar una carpeta de investigación, no afectan su esfera jurídica.

Encargado del despacho por vacaciones del titular, el secretario del juzgado quinto, Rodolfo Sánchez Vázquez emitió la resolución.