or fin meterán orden en el sector minero, cedido sin beneficio alguno para el país –corrupción de por medio– a un puñado de consorcios nacionales y extranjeros –el neolatifundismo en su máxima expresión–, y en este sentido el presidente López Obrador es contundente: No vamos a entregar nuevas concesiones para la explotación minera, porque fue un exceso lo que se les dio; si lo analizamos, vamos a llegar a la conclusión de que ni en mil generaciones se terminarían de explotar las 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas por los gobiernos prianistas. Anunció también que no se cancelarán las vigentes. Pero el festín se acabó.

El mandatario explicó que la indiscriminada política de concesiones mineras “se impulsó desde la época de Salinas de Gortari y se llegaron a entregar alrededor de 80 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. Para tener una idea de lo que esto significó en el periodo de 36 años, pensemos que nuestro territorio, México, tiene 200 millones de hectáreas, y se entregaron –repito– 80 millones de hectáreas... como 40 por ciento del territorio nacional. Nunca en la historia de México se había enajenado tanto suelo patrio”.

Y él mismo –en gira de trabajo en Concepción del Oro, Zacatecas– detalló que los miles de títulos de concesión autorizados a ese puñado de consorcios fueron no (sólo) para producir y extraer el mineral, sino para especular financieramente; entonces, ya con lo que entregaron tienen para producir, si ese es el propósito principal y no la especulación.

Lo anterior, sin olvidar el reguero tóxico de los consorcios mineros por la geografía nacional, los desalojos violentos de poblaciones enteras (uno de ellos ejecutado por minera Frisco, de Carlos Slim, en Salaverna, Mazapil, municipio vecino de Concepción del Oro; sin más, expulsó a 80 familias y las despojó de las 4 mil 500 hectáreas del pueblo. La Jornada Zacatecas ha realizado un trabajo extraordinario sobre el tema), persecución sindical y contubernio –no gratuito, desde luego– de las supuestas autoridades federales y estatales.

Lo anterior recuerda la denuncia del dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, de que muchas de las concesiones no terminan en desarrollos mineros sino turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, pues si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras; es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado; son depredadores profesionales.

Y en su libro El colapso de la dignidad –coeditado por La Jornada– el dirigente detalla que la entrega de concesiones para extraer recursos ha estado caracterizada por un fenómeno particular: la complicidad. A cambio de apoyo político y financiero, los políticos traicionan la Constitución y otorgan favorables concesiones a compañías privadas y a unos pocos individuos. Además de firmar permisos ilimitados para explotar recursos naturales, los gobernantes conceden exenciones de impuestos, autorizaciones para arrojar residuos tóxicos y forzar el desplazamiento de comunidades indígenas. Las compañías se han convertido en monopolios que trabajan para generar ganancias a cualquier costo. Mientras tanto, las cuestiones de salud y seguridad son completamente ignoradas. Todo esto sucede con el respaldo de los políticos, que continúan otorgando más concesiones a compañías abusivas.

Zacatecas resume la denuncia de López Obrador, pues cuatro consorcios se reparten el pastel de oro, plata, cobre y zinc: la canadiense Goldcorp; Peñoles, de Bailleres; Grupo México, de Larrea, y Frisco, de Slim. Y el ejercicio se repite en el enorme territorio concesionado.

Las rebanadas del pastel

Pues nada, que el “ copelas o cuello” perdió su modesto jacal: ayer lo vendió el gobierno federal (102 millones de pesos) y la propiedad pasó de un gánster a otro gánster.

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