Nueva York. Las balas en El Paso y Dayton el pasado fin de semana siguen rebotando en el ámbito político, obligando por primera vez a que el presidente y la cúpula republicana contemplen mayores controles sobre las armas de fuego, y desenmascarando una crisis de terror nacionalista blanco en Estados Unidos.

Por primera vez, el presidente Donald Trump indicó que está abierto a discutir algunas medidas mínimas para el control de armas y el líder la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, sorprendió con el anuncio de que ampliar las verificaciones del historial personal para todo comprador de armas estará al frente y al centro del debate en la cámara alta sobre cómo responder a incidentes recientes de violencia armada.

La Asociación Nacional del Rifle dejó entender a Trump, McConnell y otros de sus aliados que se opone a cualquier legislación que infrinja de manera parcial los derechos de los ciudadanos.

Pero la presión política en favor de por lo menos algún control mínimo proviene ya no sólo de organizaciones que abogan por el control de armas, sino que ya se expresa en varios sectores después de los ataques del fin de semana.

Más de 200 alcaldes apremiaron ayer a los líderes de ambas bancadas en el Senado a suspender sus vacaciones de agosto para regresar a Washington y promover medidas de control. Nuestra nación ya no puede esperar más a que el gobierno federal emprenda la acción necesaria para evitar que gente que no debería tener acceso a las armas de fuego pueda comprarlas, afirmaron.

Alejandro Bedoya, capitán del equipo profesional de futbol soccer, Union de Filadelfia, anotó un gol al inicio de un partido contra el DC United el domingo pasado, y al celebrarlo encontró un micrófono en el campo de juego –el partido fue trasmitido a nivel nacional en vivo por Fox Sports– y gritó: Oye, Congreso, haz algo ya; pongan fin a la violencia de las armas de fuego. Vamos. El video se viralizó.

Pero no se trata sólo de tiroteos masivos –251 ocurridos en lo que va del año–, sino de quién está jalando el gatillo. El rebote de las balas de El Paso provocó que un amplio coro de figuras públicas y editorialistas declararan que Estados Unidos enfrenta ahora un grave problema de terrorismo doméstico perpetrado por supremacistas o nacionalistas blancos.

La portada de la revista nacional Time de esta semana tiene como trasfondo todos los nombres de las ciudades que han padecido tiroteos masivos y en altas la palabra: Basta. Nos están comiendo desde adentro, afirma al reportar cómo Estados Unidos está perdiendo la batalla contra el terrorismo nacionalista blanco.

A la vez, dos candidatos presidenciales demócratas, la senadora Elizabeth Warren y Beto O’Rourke (ex representante federal por El Paso) calificaron al presidente de supremacista blanco. Otros, como el senador Bernie Sanders y el centrista Joe Biden, han declarado que la retórica del mandatario abraza a los supremacistas blancos.

La matanza en El Paso –cometida por un joven anglo que afirmó que buscaba frenar la invasión hispana en Estados Unidos– fue fomentada por la ofensiva antimigrante impulsada por el régimen de Trump, denuncian líderes latinos e inmigrantes de todo el país.

De hecho, en El Paso se informó que muchos familiares no documentados no acudieron al centro de reunificación familiar ni a los hospitales para averiguar las condiciones o paradero de las víctimas por temor a ser arrestados por autoridades de migración, parte del clima de persecución promovido por Trump.

Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas –red de organizaciones de defensa de inmigrantes–, declaró que la redada en Misisipi el miércoles, donde agentes de migración arrestaron a 680 trabajadores latinoamericanos, debería ser considerada un acto de terror cometido contra familias trabajadoras por el gobierno de Trump.

Concluyó que los recursos empleados para ese tipo de redadas deberían usarse mejor en combatir el terrorismo nacionalista blanco que ha tomado tantas vidas a lo largo de los años, incluidas las de la semana pasada en Texas.