Hermosillo, Son., Cinco años después del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, unos 200 ciudadanos y damnificados marcharon ayer por las principales calles de esta ciudad para exigir al gobierno federal quitar la concesión a la empresa de Germán Larrea.

Miembros de asociaciones civiles y pobladores de los municipios afectados por la contaminación de dichos cauces repudiaron lo que es considerado el mayor desastre ambiental ocasionado por la minería en la historia de México.

Expresaron que están hartos de la impunidad de que goza el consorcio minero y demandaron indemnización a los afectados, as;i como regular la minería en la entidad.

En la marcha, que se inició en el antiguo mercado municipal y terminó frente al palacio de gobierno del estado, hubo consignas, poemas y corridos; incluso se dio lectura a una lotería que incluía figuras del río Sonora, el Mar de Cortés, mineros, pescadores, ácido y el diablo, este último con la imagen de Germán Larrea.

Minería asesina, Pasta de Conchos no se olvida; minería asesina, río Sonora no se olvida; minería asesina, Mar de Cortés no se olvida, fue una de las consignas de decenas de afectados que viajaron desde sus pueblos, en el norte del estado, a Hermosillo.

Alejandro Valenzuela, activista hermosillense, aseguró que una marcha no va a quitarle la concesión al segundo hombre más rico de México, por lo que propuso a los presentes sumar fuerzas para continuar con este movimiento.

Tenemos que unirnos, hacer un frente común. Acabándose la marcha tenemos que planear con qué vamos a seguir, cómo vamos a enfrentar a este monstruo, manifestó.

Los damnificados exigieron la reparación de los daños a la salud, luego de que la clínica improvisada en el municipio de Ures, que realizaba las funciones de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas) de Sonora, cerrará el 12 de agosto.

Martha Patricia Velarde, habitante del municipio de Baviácora, señaló la opacidad con que se manejaron 2 mil millones de pesos destinados al Fideicomiso Río Sonora para reparar daños sanitarios y ambientales a causa del derrame.

Explicó que una de las cláusulas que ampliaba la operación del fideicomiso venció el pasado primero de agosto y el actual gobierno federal no intervino para extenderlo.

No sólo hay responsabilidad de la administración de (Enrique) Peña Nieto, porque ese convenio tenía una cláusula que determinaba se podía haber prorrogado, y el que no lo hizo fue el gobierno actual, al que tampoco le tenemos confianza, reprochó Martha Patricia.

Recordaron que el próximo viernes se cumple un mes del derrame tóxico de Grupo México en el Mar de Cortés. Vertió 3 mil litros de ácido sulfúrico en la terminal marítima de Guaymas. Ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente han emitido un informe sobre los posibles daños provocados o de alguna sanción contra la trasnacional de Germán Larrea, acusaron.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, lamentó que no haya cuentas claras sobre el manejo del fideicomiso y dijo que es necesario terminar la clínica del Uveas y las plantas potabilizadoras, así como reactivar la economía en la zona.