El río Sonora, al cual el consorcio Grupo México –propiedad de Germán Larrea– vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el 6 de agosto de 2014, quedó devastado: la población en torno al cauce carece de servicios de salud y agua potable, además de que su economía quedó aniquilada, mientras la empresa goza de impunidad, aseguraron pobladores de los ocho municipios sonorenses perjudicados: Bacanuchi, Arizpe, Huépac, Banámichi, Aconchi, Baviácora, San Felipe y Ures.

Este martes se cumplen cinco años del derrame de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, tragedia que mantiene a 70 por ciento de la población infantil de la zona con daños físicos y desarrollo cognitivo anormal a causa de jugar en aguas contaminadas. Cuando sobrevino el desastre no hubo alerta oficial, pero el mismo gobierno federal aseguró que se trató de la mayor contingencia ambiental provocada por la minería en la historia de México.

En los ocho municipios rurales ubicados en la ribera del río Sonora, niños y adolescentes que hoy tienen entre ocho y 14 años se sometieron a análisis en laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y privados. Los resultados muestran que tienen en sus organismos metales pesados bioacumulables y que sus niveles de plomo son superiores a 10 microgramos por decilitro de sangre, lo que excede el límite permitido.

En San Pedro de Ures, los hermanos Isabella y Valentino Córdova Hernández, de ocho y nueve años de edad, respectivamente, presentan daños por haberse bañado en el río días después del derrame.

Al principio los estragos fueron dermatológicos e incluyeron llagas y alopecia. Ahora Isabella sufre diversos trastornos porque uno de sus riñones no terminó de desarrollarse por altas concentraciones de magnesio, cobre y cadmio.

La madre de los menores, Jessica Hernández, de nacionalidad estadunidense, atiende a sus hijos en hospitales de Minnesota para que reciban la atención especializada que no brinda la clínica de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), que Grupo México dispuso para resarcir los daños que causó.

Jessica señaló que el derrame tóxico alteró la vida de la familia, que se vio obligada a mudarse a Estados Unidos y pagar consultas médicas de 104 dólares, mientras el consorcio de Germán Larrea solamente les dio una indemnización de 9 mil pesos.

Oficialmente se reconoce que 381 personas resultaron afectadas en su salud, recordó la asociación civil Poder, que acompaña legalmente a algunos pacientes, entre ellos algunos que padecen cáncer.

El derrame de Grupo México también devastó ecosistemas a lo largo de 250 kilómetros. Por conducto de los comités de cuenca del río Sonora, los habitantes comenzaron una lucha legal que incluye 14 juicios contra la compañía de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, a quien demandaron por ecocidio y la violación a los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

El consorcio de Larrea ha incurrido en 55 irregularidades, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y ha sido negligente en el cumplimiento de normas ambientales relativas al manejo de lixiviados y residuos peligrosos.

El pasado 9 de julio Grupo México dañó otro cuerpo de agua en Sonora al verter 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, lo que según la empresa sólo duró cuatro minutos y no causó daños en flora ni fauna. A la fecha no se ha presentado un informe oficial al respecto.

En la Ciudad de México, comuneros afectados exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrir el Fideicomiso Río Sonora hasta reparar los daños en su totalidad.

De los 2 mil millones de pesos comprometidos se aportaron poco más de mil 200, es decir, alrededor de 60 por ciento. Este fideicomiso cerró unilateralmente a inicios de 2017 sin avisar a los afectados, aseguró Wenceslao Miramón, habitante de Bacanuchi e integrante del Comité de Cuencas del Río Sonora.

Señaló que el ácido sulfúrico que se vertió al río ocasionó enfermedades dermatológicas, digestivas y oftalmológicas, así como estragos en la flora y fauna de Sonora. Los casos de cáncer de colon y estómago se incrementaron. También las enfermedades de la piel, dijo.

Wenceslao viajó a la capital del país acompañado por los activistas Irene Moiza, Evelia Lares y Óscar Encinas, también miembros del Comité de Cuencas. Recordó que la cantidad de sustancias tóxicas derramadas equivale a 12 albercas olímpicas. Los impactos al medio ambiente, a los derechos humanos al agua y a la salud, así como a la economía local, persisten a la fecha. No hay monitoreo adecuado que brinde certeza a las personas perjudicadas.

Wenceslao y los demás afectados aseguraron que han padecido cinco años de impunidad, sufrimiento, crisis económica e incertidumbre. Seguimos esperando justicia y reparación de los daños.

Los representantes de comunidades perjudicadas demandaron a la SCJN revisar las operaciones del fideicomiso acordado por la empresa y la administración que encabezó Enrique Peña Nieto, y reabrirlo hasta que se cumplan sus objetivos y hayan concluido los procesos jurídicos de reclamaciones en su contra.

Añadieron que el fondo para reparar los daños fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y el gobierno federal pasado sin la participación de la gente perjudicada. Sirvió para hacer negocios y limpiar la imagen de la empresa. Actuó a espaldas de las víctimas.

Por lo pronto, la segunda sala de la SCJN sesionará este miércoles para decidir sobre el primer amparo interpuesto por los comités de cuenca sobre la forma en que operó el fideicomiso.

Para los comités, este es el expediente más importante, porque definirá si el fideicomiso puede ser considerado autoridad responsable para efectos de amparo, dado que, a pesar de ser un mecanismo privado, tuvo por finalidad la remediación del daño.