El operativo Mochila segura que se aplicó en las escuelas de educación básica, públicas y privadas de la Ciudad de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, violó los derechos humanos de los estudiantes, pues representa una política criminalizadora contra la niñez mexicana, enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por ello dirigió la recomendación 48/2019 al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la que acreditó que en esos operativos se violentan los derechos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los estudiantes de los centros escolares e la capital del país.

Funcionarios del organismo nacional informaron que el operativo (que consiste en revisar las pertenencias de los alumnos antes de entrar a los planteles escolares) seguía vigente hasta el pasado ciclo escolar, aun con el cambio de gobierno tanto federal como local, por lo que se confía en que para el siguiente año lectivo, que se inicia el 26 de agosto, se abandone.

Tras sus investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron el operativo como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, este organismo constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos y advirtió que esas acciones no contaron con un protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.

La CNDH afirmó que pese a que en el país se tienen leyes y disposiciones normativas para garantizar la educación en ambientes pacíficos y no violentos; docentes, personal administrativo, autoridades escolares y educativas desconocen su aplicación.

Ante la creciente violencia en los ámbitos de convivencia del país, cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerado como medida de protección y de cuidado y no de seguridad.

Agregó que tal como fue concebido y aplicado el operativo, carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito; siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, sicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito.

El operativo se implementó en enero de 2017, luego de que el 18 de ese mes un estudiante de secundaria en Monterrey, Nuevo León, introdujo un arma de fuego a su salón de clases, disparó a su profesora y compañeros, y después se suicidó.