El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México remitió a su homólogo del juzgado sexto el juicio de amparo que interpuso Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles, para que resuelva si le otorga la protección de la justicia contra cualquier orden de búsqueda, localización, captura, presentación o comparecencia.

Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primero de distrito de amparo, se declaró incompetente para instruir el juicio de garantías presentado por Arrieta Camacho. Argumentó que el acto que reclama lo tiene que atender el juez sexto, quien ya conoce del caso, ya que la quejosa interpuso con anterioridad otro recurso en ese órgano jurisdiccional sobre el mismo asunto.

Arrieta Camacho interpuso un amparo buscador en febrero de este año para saber si existía algún mandamiento judicial en su contra solicitado por la la Fiscalía General de la República (FGR). El juez federal Marco Antonio Tapia Fuerte aceptó que el 14 de ese mes se llevaría a cabo la audiencia inicial a petición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ-CDMX/0001517/2017.

La FGR la acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al causar presunto quebranto a la hacienda pública por casi 23 millones de pesos, por suscribir el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013 entre la entonces Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En marzo pasado, durante la audiencia inicial de imputación, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la ex funcionaria de Sedesol se retiró porque presentó una suspensión provisional, por ello la diligencia en calidad de investigada no se realizó. En ese entonces, sólo se vinculó a proceso a Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la UAEM.

En el recurso que promovió en su momento Arrieta Camacho reclamó la omisión de la autoridad de citarla en calidad de imputada, así como no tener acceso a todas las carpetas de investigación relacionadas con el caso. Ahora será competencia del juez sexto en materia penal si le concede el amparo.