ebía ocuparme hoy de la tragedia ambiental y científica que ocasiona la destrucción de Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Que ese tesoro de la humanidad no desaparezca depende ahora de la Comisión Nacional del Agua. Prefiero conocer las medidas que se tomen al respecto para comentarlas. En cambio hay dos hechos importantes que comparto con los lectores.

El primero: en su columna de El Financiero, Lourdes Mendoza comentó el miércoles pasado la licitación para construir el puente Cuemanco-Canal Nacional para mejorar el tránsito en esa zona de la ciudad. Costará más de 500 millones de pesos. La licitación se publicó el pasado 17 de julio con la obligación de que en 14 días los interesados en realizarla presentaran el anteproyecto ejecutivo, los estudios de suelo y de obras inducidas y dar un precio alzado. Sólo uno, Gami, los presentó completos. Los demás (ICA, Recsa, Tradeco, Idinsa y Javac) pidieron una prórroga, pues en 14 días era imposible tener los estudios y documentos exigidos. Las autoridades se vieron obligadas a extenderla seis días más, de todas formas insuficientes. Lourdes afirma que todo apunta a que Gami tuvo previamente la información pedida por las autoridades. Y que, aun con la prórroga, será la beneficiada.

Esta misma empresa, según Lourdes, construirá el Cablebús que unirá Indios Verdes con Cuautepec. Inicialmente lo cotizó en mil 300 millones de pesos. Como otra constructora lo hacía por menos, la autoridad citadina pidió a Gami reducir su cotización y así ganar el contrato. Y lo obtuvo. Pero a cambio la compensaron con otras obras.

Lourdes nos recuerda que Gami construyó los segundos pisos cuando el hoy Presidente de la República gobernaba la ciudad. La encargada de esa obra fue su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum. Lo que da a conocer la columnista de El Financiero no tuvo respuesta del Gobierno capitalino. Y da a entender que Gami se asemeja a la empresa Higa, de negro historial en España, su país de origen. Fue favorecida con jugosos contratos en el estado de México, bajo la protección de Enrique Peña Nieto.

No debe extrañar el silencio oficial sobre Gami. El pasado 3 de junio solicité atentamente en este espacio a la doctora Sheinbaum su intervención para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) respondiera a la petición de información que, con todas las de ley, presenté tres meses antes a esa dependencia. Le pedía que me informara sobre los propietarios y características de la obra que se lleva a cabo en la calle de Amatlán 126, colonia Condesa, amparada en la manifestación de construcción RCUB-021-2019. Dicha obra ha puesto en peligro mi vivienda. A cinco meses de mi solicitud no tengo respuesta.

El segundo se refiere a la presa El Zapotillo para captar las aguas del río Verde en los Altos de Jalisco, a fin de dotar de agua a Guadalajara y León. El proyecto data de 1995 y lleva un avance de construcción de 85 por ciento y un costo de 18 mil millones de pesos. Pero desde sus inicios está envuelto en la polémica por afectar severamente a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo; por los problemas con las empresas constructoras y por la altura de la cortina. Originalmente de 80 metros, se pretende elevarla a 120.

En 2013, vecinos de Temacapulín obtuvieron el amparo de la Suprema Corte que ordenaba mantenerla en una altura máxima de 80 metros y así dichos poblados no desaparecieran. Las obras se detuvieron. Hace ocho días recordé a los lectores que cuando era candidato, el hoy Presidente de la República prometió a los habitantes de las tres comunidades que cancelaría su construcción. Ya elegido, dijo a los gobernadores de Jalisco y Guanajuato que se terminaría, sin especificar la altura de la cortina del embalse. En reciente visita a Temacapulín, Víctor Toledo, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, declaró: Bastaron 15 minutos para percatarme dónde me encuentro y darme cuenta de que inundar estos pueblos sería el acto más irracional. Y que por ello la presa es inviable.

En el primer caso que menciono, sería lamentable repetir prácticas que apuntan a corrupción. Y en el segundo, me pregunto si el Presidente de la República se desdice, respalda la opinión del secretario Toledo y cancela una obra en la que se han invertido miles de millones de pesos.