Los ataques a defensores del medio ambiente en México se han extendido y los gobiernos están entre los principales responsables, advirtieron organizaciones, tras informar que de los 14 que fueron asesinados en 2018, 11 eran indígenas. Destacaron que la mayor parte de los casos aún están en la impunidad.

De los 14 ataques mencionados, tres están relacionados con minería, tres con agua y otros tres con bosques. Los estados con más casos de criminalización fueron, en primer lugar, Oaxaca, con cuatro víctimas, seguido por Puebla (tres) y por Chihuahua y Michoacán, con dos casos cada uno. Luego están Nayarit, Guerrero y el estado de México con un caso cada uno.

En referencia al más reciente informe de Global Witness sobre ataques mortales contra activistas ambientales, explicaron que la criminalización va en aumento. Alejandra Leyva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sostuvo que los defensores son estigmatizados y llamados opositores al desarrollo y talibanes ambientales, con lo que no se reconoce su trabajo en la defensa del ambiente.

Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf, indicó que el informe caracteriza las etapas de criminalización, que van desde las campañas de desprestigio de los activistas hasta el asesinato. Explicó que más de la mitad del territorio nacional está en poder de ejidos y comunidades agrarias, lo que implica que muchas minas, litorales y cuerpos de agua estén en manos colectivas, cuando intereses privados quieren tener acceso a esos recursos, se confrontan con los intereses colectivos.

Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, explicó que la reforma energética tiene mucho que ver con la creciente criminalización de los defensores, ya que muchos proyectos se encuentran en territorios de los pueblos opositores.

Sostuvo que no hay un mecanismo real para la defensa de quienes se oponen a la privatización, pues la consulta previa libre e informada es violentada, pues se pretende realizarla cuando ya se han entregado los permisos para los proyectos. Aseguró que continúan las amenazas contra quienes están en contra de obras de la actual administración.

Agregó que acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú contribuiría a poner en marcha en América Latina una política integral en materia de protección de defensores de derechos humanos. También es necesario diseñar políticas y mecanismos para prevenir y enfrentar la criminalización de estas personas, con la participación de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.

Además, pidieron detener los mensajes que desde el gobierno descalifican y estigmatizan la labor de los defensores ambientales. Debido a que la mayor parte de los asesinatos documentados en el reporte están asociados a la defensa de los territorios indígenas, es fundamental que desde el gobierno federal se den ejemplos del respeto pleno a los derechos en materia de consentimiento libre, previo e informado, a la autonomía y al territorio, plantearon.