Mientras organizaciones campesinas y sindicatos de Tabasco alistan manifestaciones para rechazar las reformas al Código Penal que castigan con entre 10 y 20 años de prisión a quienes cierren carreteras o bloqueen instalaciones para extorsionar a empresas, constructores aplaudieron la reforma aprobada por el Congreso local.

El secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, informó ayer que ya fue publicada en el Periódico Oficial del estado la modificación conocida como ley garrote.

Lisandro Jiménez Osorio, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), consideró que no hay claridad en la reforma, pues no se garantiza que se respetará el derecho a la manifestación, por lo cual conlleva la finalidad de reprimir al pueblo.

Anunció que el 8 de agosto habrá una marcha de campesinos del Frente Auténtico del Campo para rechazar la reforma propuesta por del gobernador Adán López Hernández, de Morena, partido que es mayoría en el Congreso estatal.

Dijo que los labriegos también demandarán apoyos al sector agrícola, que han sido nulos en el actual gobierno federal.

El Frente Sindical Campesino Indígena, Social y Popular de Tabasco y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana anunciaron que presentarán un exhorto a las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos para que impugnen la reforma, particularmente la del artículo 308 bis, modificado a último momento.

En contraparte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco aplaudió que se castigue con cárcel a quienes extorsionan, coaccionan y violentan los equipos de trabajo de las empresas.

Su dirigente, Sergio Coll Montalvo, sostuvo que la reforma no coarta la libertad de expresión o de manifestarse, sino que defiende la libertad de ganarse la vida con dignidad, pues estamos cansados de ver interrumpido nuestro trabajo por supuestos sindicatos que cierran el paso, piden sobornos y amenazan a nuestro personal.

En la sesión de ayer de la Comisión Permanente, Morena se enfrentó con las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social al defender la reforma al Código Penal de Tabasco. La oposición insistió en que con la llamada ley garrote el gobierno estatal criminalizará la protesta social.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, llamó a diputados y senadores a no confundir la ley y rechazó que se criminalicen la libre manifestación de ideas y las protestas. La intención, aseguró, es impedir que intereses ajenos se agandallen y busquen beneficio propio obstruyendo obras públicas y privadas.

La senadora priísta Beatriz Paredes señaló en la tribuna que es indispensable que esta ley se modifique y se incluyan precisiones que eviten la interpretación discrecional para aplicar sanciones.

Kenia López, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lamentó que la mayoría de Morena en el Congreso de Tabasco viole los derechos humanos. Es terrible lo que están haciendo. ¿Para eso llegaron al gobierno? ¿Para encarcelar a quienes no están de acuerdo con ustedes?