Villahermosa, Tab., El gobierno de Tabasco está preparado para enfrentar las impugnaciones o recursos de inconstitucionalidad que se presenten contra las modificaciones al Código Penal del estado para elevar a entre 10 y 20 años de prisión las penas a quienes cierren carreteras o bloqueen instalaciones para extorsionar a empresas, pues es una herramienta para dar seguridad a las inversiones y combatir una delincuencia perfectamente organizada que obtiene millonarios ingresos, afirmó el mandatario morenista Adán Augusto López Hernández.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-Tabasco, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Villahermosa y la comandancia de la Trigésima Zona Militar respaldaron la llamada ley garrote y aseguraron que ésta combatirá la extorsión de seudosindicatos en zonas petroleras.

López Hernández puntualizó que las reformas, principalmente al artículo 380 bis del Código Penal, no fueron pensadas para impedir la libre manifestación de ideas, sino para aplicar penas más severas a la extorsión, delito que, dijo, va en aumento en el estado.

En entrevista radiofónica, el mandatario tabasqueño precisó que no se trata de una ley, sino de reformas a ciertos artículos del Código Penal y que los bloqueos no están tipificados como delito.

Agregó que la extorsión tenía una penalidad de entre cuatro y 13 años, lo que permitía a los acusados quedar libres bajo fianza. Con las modificaciones se busca terminar con la puerta giratoria que permitía a los extorsionadores entrar por la mañana y salir por la tarde.

Tabasco, afirmó, ocupa el primer lugar nacional en extorsión en todas sus modalidades, una de las cuales es cometida por seudolíderes y seudosindicatos que obtienen dinero de las empresas. Ninguna de las administraciones pasadas se atrevió a tocarlos ni con el pétalo de una rosa.

Aseveró que desde hace años se han presentado denuncias y en todas hay un común denominador: la participación de grupos políticos seudosindicales ligados al Partido Revolucionario Institucional.

El artículo 308 bis prevé sanciones a quien extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución del trabajo de obra pública o privada en las vías de comunicación.

López Hernández reiteró que una cosa es protesta social y otra extorsión, y si algún grupo se opone a un proyecto, pero no extorsiona, no chantajea ni cobra cuotas, no se prefigura el delito de extorsión.

Refirió que quienes afirman que la modificación busca impedir bloqueos contra las obras de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, ni siquiera han leído lo aprobado.

Resaltó que 94 por ciento de los tabasqueños están a favor de la refinería y que habría que ser suicida para despreciar una inversión mayor a 8 mil millones de dólares en tres años y la creación de 30 mil empleos durante su construcción.

Las extorsiones eran un régimen de impunidad que no puede seguir en Tabasco si queremos desarrollo económico, inversión privada y pública, expuso en conferencia de prensa la tarde del lunes.

Acompañado del secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, y el coordinador general de asuntos jurídicos, Guillermo del Rivero León, López Hernández mencionó que un empresario, a quien no identificó, lo felicitó por la iniciativa y le habría dicho: Hasta que alguien va a hacer algo. El chantaje me costaba 2 por ciento de la facturación y cuando nos opusimos nos quemaron varias unidades y equipo con valor de varios miles de dólares.

El morenista reiteró su plena disposición para garantizar los derechos humanos y las libertades de expresión, de asociación y participación.

Lamento que haya grupos de interés que se han nutrido del chantaje y de la extorsión y ahora intenten distorsionar la iniciativa de ley que presentamos.

(Con información de Notimex)