Los accidentes viales provocan cada día la muerte de 22 jóvenes en el país, pero además son una de las causas principales de pobreza de las familias, advirtió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis).

Los percances viales son un problema de salud pública. Treinta y cinco por ciento de las víctimas mortales por esos percances son jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales 64 por ciento son ocupantes de vehículos; 27, peatones; 8, motociclistas, y uno por ciento, ciclistas, dijo Recaredo Arias Jiménez, director general de la Amis.

Refirió que México es uno de los pocos países del G-20 (Grupo de las mayores 20 economías mundiales) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos que carece de una política pública nacional para proteger a las víctimas de accidentes viales a través de instrumentos financieros para transferir los riesgos, como es un seguro de daños a terceros.

La póliza obligatoria de protección a víctimas viales no es una cobertura para los automóviles, sino una garantía para proteger a los peatones, usuarios de transporte público, ciclistas, motociclistas y ocupantes de vehículos, quienes están expuestos en algún momento de su traslado. Según la Amis, en el país ocurren 2.8 millones de choques al año, de los cuales uno de cada tres genera lesionados que cuestan alrededor de 150 mil millones de pesos al país; es decir, el equivalente a 1.7 por ciento del producto interno bruto.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, México ocupa el tercer lugar en América Latina por decesos a causa de accidentes viales; en tanto, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, éstos quitan la vida a más de 17 mil mexicanos al año.

Sólo tres de cada 10 vehículos que circulan en el país cuentan con un seguro de protección a víctimas por daños a terceros; esto significa que hay 70 por ciento de probabilidad de que el conductor responsable no tenga cómo transferir los costos para hacer frente a los daños, y en la mayoría de las ocasiones quienes terminan cubriendo ese gasto son los familiares de las víctimas.

Además, siete de cada 10 personas que sufren alguna discapacidad permanente, a consecuencia de un accidente de tránsito, no vuelven a conseguir un empleo bajo las mismas condiciones de productividad económica.