Frente al plagio de diseños creados por integrantes de comunidades y pueblos indígenas, se responde con demandas, iniciativas de ley o se pide a las empresas que subsanen de forma económica el daño.

Esas acciones se basan en el ‘‘desconocimiento’’ y ‘‘suposiciones’’, pues no se sabe quiénes se dedican a esas actividades y de qué manera, no se acude a los lugares de origen a preguntar a los artesanos qué quieren o qué necesitan para averiguar qué piensan de que otra persona reproduzca sus bordados y los venda, sostuvo la antropóloga Diana Macho Morales.

‘‘Se basan en el desconocimiento del sistema económico. Todos hacen suposiciones por reportes de periódicos pero quién ha dicho: ‘yo fui a Tenango, a Nanthe o al Aguacate’. Existe el derecho a la consulta”, explicó a La Jornada en el Foro Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.

Macho Morales añadió que se ha considerado a las bordadoras Rebeca López Patricio y Faustina José Modesto y el dibujante Adalberto Flores Gómez, quien interpuso una denuncia contra la firma Nestlé, de entre 17 mil personas que habitan en Tenango de Doria, Hidalgo, compuesto por 57 poblaciones, donde ‘‘los textiles bordados llamados ‘tenangos’ son uno de sus marcadores identitarios”.

En ese foro se analiza la recomendación general 35 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fundamentada en que algunas empresas ‘‘han despojado a pueblos y comunidades indígenas” de su patrimonio cultural inmaterial. Las actividades se realizan en dos jornadas (ayer y hoy) en el Museo Memoria y Tolerancia, con la coordinación de Chimalli Centro de Estudios y Derechos Culturales.

Con la participación de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, y el lingüista e historiador zapoteco Víctor Cata, en representación de Natalia Toledo, titular de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura federal, exponentes de diversas expresiones culturales, funcionarios y especialistas abordan el tema desde distintas perspectivas.

Proteger, no regular

El etnohistoriador Aldo Guagnelli Núñez, de Chimalli, informó a este diario que se tienen ‘‘registros de que se trata de una violación sistemática a los derechos culturales de los pueblos indígenas”, lo que impulsa a que diferentes organizaciones se aboquen al tema. Se trata de cómo los pueblos indígenas ‘‘pueden expresar su diversidad cultural a través de diferentes manifestaciones, pero también de qué pueden esperar del Estado mexicano, que es el encargado de garantizar esos ejercicios; no de que les diga qué hacer, sino que brinde las posibilidades para hacerlo.

‘‘Es un proceso, es otro de los puntos que estamos registrando, que necesita ser incluyente. No puede hacerse sin los afectados. Pero también se construye desde la colectividad, que es otra clave: lo que se debe proteger son los derechos colectivos, no sólo los individuales, como los derechos de autor o la propiedad intelectual.”

Guagnelli sintetizó: ‘‘Los derechos culturales son de espectro más amplio, más complejo. Tiene que ver con todo el sistema de pensamiento indígena que no se ha podido plasmar en la legislación, de cómo ellos pudieran tener la pretensión de que se les reconozca y se les proteja, no que se les regule”.

En el primer día de trabajos Emilio Francisco Dorantes y Luis Arturo Díaz Rivera, representantes de dos organizaciones de volado-res de Papantla, Veracruz, y Cuetzalan, Puebla, expresaron los problemas que enfrenta ese ritualprecolombino.

Como respuesta, el diputado federal Sergio Mayer hizo un llamado al Poder Ejecutivo para ‘‘modificar y armonizar nuevas políticas públicas, ya que tenemos una deuda histórica con nuestras comunidades indígenas que nos han dado el legado de la herbolaria, los diseños textiles y la gastronomía, que tienen que ser cuidadas y respetadas”.

Se comprometió a que ‘‘México termine de firmar el Tratado de Pekín, para proteger patentes, marcas y derechos de autor”, y que en situaciones como la de la firma Carolina Herrera ocurrida recientemente, ‘‘en vez de asumir demandas legales”, que los diseñadores puedan buscar a los creadores, reconocerles su autoría, pagar los derechos correspondientes y que los empleen en la producción de los textiles.

Mayer refirió que hace un par de semanas la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de reformas a los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor porque ‘‘no era del todo claro el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Deuda pendiente

Más tarde Víctor Cata leyó un texto enviado por Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural, con las acciones que ha emprendido para la protección del patrimonio cultural como derecho colectivo, ‘‘una deuda pendiente”.

Se han visitado comunidades que han sufrido apropiación de sus diseños como Tenango de Doria, Hidalgo; Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y Contla, Tlaxcala.

Adelantó que se organizan exposiciones que involucran a esos grupos y arte plagiado. La Secretaría de Cultura trabaja con la de Economía para impulsar el desarrollo productivo de las artesanas de las comunidades afectadas.