La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió las recomendaciones de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tienen como finalidad que el Estado mexicano mejore el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Durante la reunión, celebrada en Gobernación, el representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, presentó el diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo de protección; a nombre del Presidente de la República, la titular de Gobernación reiteró el compromiso del gobierno actual para fortalecer dicha salvaguarda: No vamos a escatimar ningún recurso en la debida protección de quienes defienden y promueven derechos a lo largo del territorio, sostuvo.

Junto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, Sánchez Cordero señaló que se revisarán a detalle cada una de las recomendaciones, pero sobre todo se buscará garantizar la adecuada asignación de recursos económicos, humanos y materiales para su operación.

Encinas sostuvo que el Estado asume como responsabilidad primigenia el garantizar a todos los mexicanos el derecho a expresarse libremente con certidumbre, paz y tranquilidad en el ejercicio de su profesión. Destacó que el diagnóstico presentado servirá para mejorar el mecanismo, pero confió en que algún día desaparezca, para que no se tengan que tomar medidas extraordinarias como hasta ahora.

El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache, presentó las cifras actuales de las personas incorporadas al Mecanismo de Protección. A la fecha, refirió, existen 948 personas, de las cuales 330 son periodistas y 618 son defensoras de derechos humanos.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, afirmó que los señalamientos y las descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, así como contra defensores y organizaciones de la sociedad civil provenientes de altos funcionarios del Estado, contribuyen a generar un ambiente poco propicio para la libertad de expresión, periodistas y para quienes promueven el respeto a la legalidad y defienden los derechos fundamentales.

El diagnóstico fue elaborado a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Encinas, quien destacó que por primera vez, en casi siete años de existencia del mecanismo, estuvieron presentes los titulares de la Junta de Gobierno, integrada por la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el gobernador de Coahuila, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores.