La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal citar a Rosario Robles Berlanga para vincularla a proceso penal por su presunta responsabilidad en el desvío multimillonario de recursos públicos durante sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu).

Por la noche, el juez de control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México fijó como fecha de la audiencia respectiva el 8 de agosto a las 11 de la mañana.

La agente del Ministerio Público Federal envió un oficio a un juez de control en el que pidió que se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación a proceso contra Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En el documento, que es firmado por Teresa Maldonado Rodríguez, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la FGR, incluso se informa al juez la dirección en la que se puede encontrar a la ex funcionaria.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado el desvío de millonarios recursos públicos durante las administraciones de Robles Berlanga en la Sedesol y en la Sedatu, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La FGR mantiene abiertas más de 20 investigaciones en contra de servidores públicos de ambas dependencias que habrían participado en el desvío de al menos 800 millones de pesos, entre ellos la ex titular de esas secretarías.

Los señalamientos contra varias dependencias de la administración de Peña Nieto, entre ellas la Sedesol bajo la gestión de Robles Berlanga, se dan a través de la revisión de diversas cuentas públicas de la ASF.

Por citar un ejemplo, en los ejercicios 2013 y 2014 la Auditoría detectó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos que se entregaron a más de 180 empresas, pero a la mayoría de ellas se les dio a través de una triangulación con universidades públicas.

En la cuenta pública de 2016 se detectó el quebranto de 3 mil 855 millones de pesos durante la titularidad de Robles en la Sedatu, recursos que se desviaron del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar.

En el oficio enviado por la PGR al juez de control, no se hace referencia a la imputación directa que pesa sobre la ex funcionaria federal.