San Quintín, BC., Pueblos y jornaleros agrícolas aportaron sus ideas para la elaboración de la reforma constitucional sobre sus derechos fundamentales, en tres foros de consulta realizados en el norte del país, informó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

En un comunicado, explicó que en reuniones en Ensenada y San Quintín, Baja California; así como en Mezquital, Durango, se consultó a los pueblos cochimí, cucapá, kiliwa, kumiai, paipai, ku’ahl, o’dam, wixárika, cora, población indígena migrante e indígena jornalera, entre otros.

En las reuniones, la población indígena migrante residente en el norte del país externó la urgencia de que se reconozcan y garanticen sus derechos colectivos fuera de sus comunidades, y que se impulsen políticas públicas para preservar su identidad cultural. Solicitaron garantizar su derecho a no migrar, mediante la implementación de proyectos y programas que aseguren el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y laborales en sus comunidades de origen.

En Ensenada, las mujeres indígenas exigieron mejores condiciones laborales; solicitaron garantizar la protección de sus derechos individuales y colectivos mediante intérpretes, defensores y peritos con perspectiva de género en las diferentes instancias de atención.

Piden la preservación de conocimientos ancestrales

Los pueblos exigieron mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y conocimientos tradicionales, por lo que externaron que es urgente contar con una ley de propiedad intelectual colectiva, para evitar el plagio de sus expresiones artísticas y saberes ancestrales.

Entre las peticiones más urgentes, los pueblos kiliwa, cucapá, paipai y kumiai solicitaron la protección de sus lenguas indígenas, que se encuentran en riesgo de desaparecer; por lo que pidieron al Estado adoptar medidas eficaces para su preservación y fortalecimiento.

Autonomía presupuestal, otra petición

En el valle agrícola de San Quintín, los mixtecos, triquis, purépechas, zapotecos, wixárikas, nahuas, tlapanecos, tzeltales, mazatecos, cucapas y yaquis plantearon que se debe establecer en las leyes su derecho a disponer de recursos para ejercer su libre determinación, desde sus propias visiones y proyectos de desarrollo comunitario.

En Mezquital, 876 integrantes de los pueblos o’dam, mexicanero, wixárika y de la población indígena migrante, pidieron el reconocimiento de su derecho a decidir sus formas de gobierno y de organización, así como de sus sistemas de elección de autoridades.