En un par de semanas el Estado mexicano comparecerá ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza, por lo que un centenar de organizaciones civiles enviaron a esa instancia internacional un informe sombra en el que destacan la discriminación contra los indígenas, migrantes y los afrodescendientes.

En el caso migratorio, las organizaciones indican la necesidad de que el CERD esté al tanto de lo que ocurre y se pronuncie sobre las nuevas políticas de criminalización de migrantes y sus defensores, así como por la militarización de la frontera sur, medidas adoptadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Alertaron también sobre la posición de México tras las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, quien amenazó con aranceles a exportaciones en caso de no frenar el flujo migratorio.

El informe lo elaboraron agrupaciones como los centros de derechos humanos Fray Matías de Córdova, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco de Vitoria, además de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otros.

Las ONG señalan que se han presentado detenciones migratorias con base en perfil étnico de las personas extranjeras, lo que violenta el derecho a la no discriminación y representa actos de racismo. Se dan aprehensiones de hombres jóvenes con tatuajes, al estigmatizarlos como integrantes de pandillas centroamericanas; de personas afrodescendientes, al pensar que son migrantes extracontinentales e indígenas, sobre todo provenientes de Guatemala.

Además, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias. El hacinamiento que provoca que no sea suficiente el acceso adecuado al servicio médico, la alimentación (escasa y en mal estado), falta de agua potable, carencia y suciedad en las colchonetas, medidas de aislamiento, uso inapropiado de la fuerza y maltrato físico y sicológico, así como el trato discriminatorio hacia los migrantes por parte de los empleados.

El informe enfatiza la necesidad de que el CERD conozca y se pronuncie sobre las consultas ciudadanas impulsadas por el gobierno de López Obrador. Recientemente, remarca la relatora especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, se publicó una nota técnica sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en México “que quiere subrayar que los procesos de aplicación que se diseñaron para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales.

En la práctica, estas consultas constituyen la imposición de un megaproyecto y significan un riesgo para todas aquellas personas o comunidades que se atreven a oponerse a éste o a esta forma de consulta, defendiendo su tierra y territorio, insisten las organizaciones civiles.