Sombrerete, Zac., La lucha que mantienen menos de 200 integrantes de la sección 201 del sindicato minero es tan desigual, pero ha valido la pena, en primer lugar por hacer respetar los derechos de los obreros, sostiene Jesús Rodríguez Morales, delegado especial del comité ejecutivo nacional del gremio.

No sólo peleamos defendiendo lo que corresponde a los mineros, sino a toda la clase trabajadora del país, que es el derecho a la huelga, afirma cuando están por cumplirse 12 años de que se colgaron las banderas rojinegras en la mina San Martín, en Sombrerete, al igual que en las de Taxco, Guerrero, y Cananea, Sonora.

El 30 de julio de 2007, el sindicato liderado por Napoleón Gómez Urrutia comenzó una huelga en protesta por las malas condiciones de seguridad e higiene en esos centros mineros concesionados por el gobierno federal a Grupo México, de Germán Larrea.

En el caso de Sombrerete, la protesta que mantienen menos de 200 mineros –al inicio eran 500– ha enfrentado una larga y onerosa batalla legal en tribunales colegiados y de distrito, ante los intentos de la trasnacional de desconocer al sindicato y su contrato colectivo de trabajo.

Recuerda cómo el 21 de agosto de 2018 Germán Larrea y el gobierno estatal, a cargo del priísta Alejandro Tello, orquestaron el rompimiento de la huelga en San Martín, con el uso indebido de la fuerza pública, y se apoderaron del yacimiento, reiniciando operaciones.

Rodríguez Morales critica la maniobra ilegal que permitió a Larrea volver a explotar los yacimientos de oro, plata y cobre de la mina San Martín, pasando por encima de la ley, sobre una huelga legalmente establecida.

Unos meses antes de la elección presidencial de 2018, el 28 de febrero –todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto–, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó un recuento de votos en la mina San Martín, el cual era ilegal, denunció entonces el sindicato, pues, aseguró, se trató de una maniobra de Grupo México para entregar el contrato colectivo a “un sindicato charro de Monterrey”.

El recuento de votos, al que Grupo México llevó a cientos de trabajadores esquiroles para que votaran contra el gremio encabezado por Gómez Urrutia, se hizo bajo la vigilancia de policías estatales y municipales, y del hecho dio fe un notario público, acusó entonces el sindicato.

Al final del día, representantes de la empresa y del gobierno de Zacatecas aseguraban que el recuento había sido ganado por el nuevo sindicato de Monterrey, y que pronto se reiniciarían las operaciones.

Para el primero de marzo de ese año, integrantes del sindicato y sus abogados anunciaron la impugnación de ese recuento ilegal de votos, ordenado por la JFCA, pues entre otras muchas irregularidades se utilizó un padrón alterado, inflado con ex trabajadores sin derecho a voto.

Sin embargo, en julio de 2018 (después de la elección que ganó Andrés Manuel López Obrador, pero aún en el gobierno de Peña Nieto), la JFCA emitió un laudo declarando válido el recuento de votos en favor del sindicato charro de Monterrey.

Con base en ese laudo, Grupo México y las autoridades estatales decidieron romper la huelga en San Martín, que seguía en pie. Así, el 21 de agosto, más de 150 agentes estatales y municipales irrumpieron en la mina y replegaron a los miembros de la sección 201.

Tras el operativo, unos 300 esquiroles y ex trabajadores, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana, se apoderaron del yacimiento.

Rodríguez Morales acusa que desde el primero de mayo pasado, Larrea y Tello incurren en desacato, pues una juez federal del tercer juzgado de distrito en materia laboral concedió un amparo al sindicato y ordenó el restablecimiento de la huelga en San Martín.

En nombre de sus compañeros, advierte: que el gobernador y el dueño de Grupo México sepan que jamás vamos a abandonar nuestra lucha. Ahora, concluye, corresponde al gobierno de López Obrador –en el cual tenemos confianza– hacer que se cumpla la ley.