n su relación con la administración Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no ve lo duro sino lo tupido. Con velocidad de vértigo y casi sin límite de continuidad, en plena campaña electoral y como parte de un juego diabólico que involucra a mujeres y niños, el protofascista de la Casa Blanca ha venido desplegando una serie de medidas ilegales contra familias de indocumentados en Estados Unidos y el éxodo de refugiados procedentes de países de mierda (Donald Trump dixit), que de facto convirtieron a México en rehén de su xenofóbica política.

En nombre de la seguridad nacional de la república imperial, la nueva guerra de Trump contra indocumentados y migrantes en busca de asilo o refugio no sólo responde a consideraciones político-electorales sino también geopolíticas. Y así como en la coyuntura la alianza antiterrorista impuesta por el secretario de Estado, Mike Pompeo, a Argentina, Brasil y Paraguay, responde a la agenda de política exterior y al timing del calendario electoral estadunidense, la militarización de las fronteras de México, por la Guardia Nacional de López Obrador, también.

En relación con México y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), la secuencia de las dos últimas semanas siguió la lógica invariable de Washington: campaña de miedo + medidas unilaterales = imposición de políticas de subordinación de los eslabones más débiles de la cadena.

Así, el 11 de julio, vivos todavía los recuerdos sobre la crueldad de la política deseparación de familias y las condiciones infrahumanas en los centros de detención de migrantes (herederos directos de los Lager nazis), mediante filtraciones mediáticas de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, se sembró un clima de más terror en círculos de indocumentados con el anuncio de redadas masivas en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Miami, Atlanta, San Francisco, Baltimore y Denver para el domingo siguiente, cuyo objetivo era expulsar ilegales con órdenes de deportación y detenidos colaterales. Pero el día señalado se anunció que la persecución de indocumentados a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se posponía una semana, lo que extendió la agonía y el pánico.

El 15 de julio, en una decisión unilateral violatoria del derecho y las prácticas internacionales en materia de asilo y refugio −consagradas por la Convención de Ginebra de 1951 y en la propia ley de refugio estadunidense de 1980−, la Casa Blanca emitió una reforma que establece que las personas que no soliciten asilo en los países por los que transitan para llegar a Estados Unidos, serán inelegibles para ese derecho. La regla ejecutiva, que establece un régimen de excepción, afecta a cualquiera que no sea mexicano y entre a Estados Unidos por la frontera norte de México; lo que en la práctica obliga a México a cumplir la función de tercer país seguro, sin los beneficios financieros de un acuerdo formal.

Un día después, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que le daba un crédito enorme al gobierno de AMLO, por haber hecho un gran trabajo al desplegar 21 mil soldados en la frontera con Estados Unidos y otros 6 mil ante la de Guatemala. Y con un dejo de ironía, agregó: “No esperábamos tanto (…) Lo hace porque amenazamos con aranceles (…) Me alegro, estoy muy contento”.

El 21 de julio, cuando el procónsul Pompeo llegó a México para evaluar los primeros 45 días del acuerdo del 7 de junio en Washington con Marcelo Ebrard (el de refugiados por aranceles), ya no había materia; el acuerdo era letra muerta. La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que su jefe agradeció a Ebrard los esfuerzos por aplicar la ley migratoria mexicana que sugerían indicios iniciales de una reducción de los flujos de indocumentados. Ergo, la militarización de las fronteras mexicanas funciona, pero las condiciones habían cambiado. Por eso, el lunes 22, entrevistado por la cadena Fox News, tras celebrar el despliegue de militares en la frontera sur de México, Pompeo dijo que faltaba más por hacer y que ahora, por razones de seguridad nacional, el objetivo es llegar a cero detenciones de migrantes que ingresen de forma irregular a suelo estadunidense.

El 23 de julio, la administración Trump anunció que, ipso facto, agentes del ICE podían ordenar la deportación inmediata (o retiro expedito) de cualquier extranjero ingresado ilegalmente al país, sin inter-vención judicial. Según el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, las deportaciones aceleradas son un nuevo intento por frenar la crisis actual en la frontera sur.

Así, 48 horas después la pinza constrictora apretaba a Guatemala, y Trump le arrancaba al gobierno de Jimmy Morales la firma de tercer país seguro. Como escribió Agustín Gutiérrez Canet −consorte de la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena−, en los hechos, Estados Unidos está imponiendo su voluntad a México y Centroamérica, sin tener que negociar tratados migratorios con sus vecinos del sur.

En rigor, subordinado a los lineamientos geopolíticos y de seguridad hemisférica del gobernante de Estados Unidos, tras laspasadas guerras contra el comunismo, las drogas y el terrorismo, México ya libra otra guerra ajena.