omo en Baja California, con la indefendible pretensión de extender el mandato de Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, los directivos de Morena se entrampan en un tema que contradice la esencia de ese partido-movimiento y que contrasta penosamente la historia de lucha social de una izquierda que ha tenido diversas denominaciones electorales, con su arribo al poder desde el cual ahora pretende castigar lo que antes se practicaba y reivindicaba.

La nueva equivocación del mando morenista se produce en la tierra natal de su máximo dirigente, Andrés Manuel López Obrador, donde nuevamente ha ganado la gubernatura (un sexenio atrás lo había logrado con un candidato de acendrado priísmo resistente a renuncias de credencial, Arturo Núñez Jiménez, aunque luego hubo un serio distanciamiento entre ellos por fricciones operativas). Y, ahora, con Adán Augusto López Hernández como carta que antes jugó en las mesas del PRI (fue coordinador de campaña electoral de Manuel Andrade, candidato de Roberto Madrazo Pintado a su sucesión en el gobierno tabasqueño) y del PRD (fue legislador federal a nombre del sol azteca).

Los laboratorios de exploración de la opinión pública sobre temas delicados (la relección, en Baja California) tienen en Tabasco una edición especial. Se busca castigar con cárcel formas de protesta que antes practicaron distintos movimientos sociales, en algunos casos regionales bajo el liderazgo del ahora Presidente de la República. Ya en el poder, el morenismo busca etiquetar de manera negativa esas peculiares y siempre imperfectas formas de lucha, invocando la tesis de que ahora se trataría de formas de extorsión política y económica por parte de sindicatos, organizaciones y agrupaciones varias.

Aun cuando en la iniciativa, que ya ha sido dictaminada por la correspondiente comisión del Congreso de Tabasco se mezcla una propuesta de un diputado priísta, es ineludible la responsabilidad política del morenismo en el paso que se pretende dar hoy en el pleno de ese Congreso: el propio gobernador morenista López Hernández presentó la iniciativa que realmente se está atendiendo, es morenista la mayoría decisoria de la comisión antes mencionada y es mayoría también el morenismo en el Congreso local.

El gobernador López Hernández es inequívocamente obradorista y parte importante del eje Chiapas-Tabasco, suministrador de cuadros políticos para el gobierno federal en funciones, como durante el peñismo lo fueron los estados de México e Hidalgo. Hermana de Adán Augusto es Rosalinda López Hernández, esposa de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. La boda de Rosalinda y Rutilio tuvo como testigos a los gobernadores de esa fecha en Tabasco, Núñez Jiménez, y de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y el brindis estuvo a cargo de la zacatecana Amalia García. Rosalinda es actualmente administradora general de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con un poder de segunda de a bordo que en realidad puede tener más comunicación directa con el presidente de la República que la directora general, Margarita Ríos Farjat, regiomontana promovida al puesto por el jefe de una facción menos influyente, la encabezada por Alfonso Romo.

La aparición en escena de este tema fue reforzada por un discurso dominical de AMLO en el que pintó un límite a las protestas que implican bloqueos o alteraciones del curso gubernamental, lo cual es, en el fondo, el tema real: el obradorismo busca endurecer las leyes para enfrentar protestas diversas que sobre todo en el sur del país, pero no sólo ahí, irán subiendo de tono; en Tabasco, contra la construcción de la refinería de Dos Bocas.

En Jalisco, mientras tanto, el gobernador Enrique Alfaro se investía de un diazordacismo temprano al ordenar la represión abierta a estudiantes que protestaron contra un aumento a las tarifas del transporte público en Guadalajara. Lo realmente sorprendente, en su caso, fue la rapidez de su caracterización cavernaria en el ejercicio del poder, mera continuidad de similares posturas del panismo represor que le antecedió.

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