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Sigue defensa legal de su territorio

No se retirará amparo contra minera: huicholes

La postura, tras conocer que grupos impulsan actividades extractivas entre Nayarit y SLP

Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de julio de 2019, p. 27

Zacatecas, Zac., Las comunidades wixárikas de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, en voz de sus autoridades comunales, en un pronunciamiento conjunto informaron que no retirarán el amparo con número de expediente 819/2011-VI, que les concede la suspensión temporal de todo trabajo de exploración y explotación minera de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, mientras se resuelve la sentencia definitiva del juicio.

La postura de los wixárika fue emitida tras conocer que el sábado anterior, en el municipio de Catorce, San Luis Potosí, se reunió la asociación civil Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte AC, la cual es apoyada por grupos que promueven la apertura a las actividades extractivas en territorio wirikuta, esto es, en la ruta sagrada del peyote, que va de Nayarit, atraviesa Zacatecas y llega a San Luis Potosí.

Aunque legalmente nada impide trabajar a las mineras, sólo el amparo interpuesto por las autoridades wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, y si este recurso se cae, First Majestic Silver Corp y las demás empresas empezarán a trabajar mañana mismo en Wirikuta, señalaron los afectados.

El pasado 24 de julio, autoridades tradicionales, civiles y agrarias del pueblo wixárika de Jalisco, Durango y Nayarit, junto con representantes del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, y de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales se reunieron en Tepic, para emitir una postura única.

Tras lo anterior, todos los pueblos wixáricas representados determinaron no desistir de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo, y nuestros derechos a seguir existiendo como pueblo originario y a practicar nuestra espiritualidad ancestral.

Desconocerán acuerdos de mestizos

Sobre la reunión convocada por asociaciones civiles de mestizos, realizada el sábado anterior en San Luis Potosí, advirtieron que no acudirían, y si se diera el caso de que asistan algunos integrantes de nuestro pueblo, se tomará en cuenta esto como una plática no formal, y se desconocerá cualquier acuerdo o convenio que se celebre en dicha reunión a nombre del pueblo huichol.

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▲ Un huichol, durante un ritual realizado la semana pasada en los conos de Santa Mónica, antiguos silos para almacenar frijol y maíz, ubicados al sur de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas.Foto Alfredo Valadez Rodríguez

El pronunciamiento wixárica está dirigido a los habitantes del altiplano potosino, a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí; así como a los alcaldes de Catorce, Charcas, Matehua-la, Villas de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos. Además a legisladores federales potosinos y dependencias como las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo rural, y de Economía, así como a las Procuradurías de Protección al Ambiente y Agraria, entre otras.

Saludamos a todos, compartimos nuestra palabra como pueblo unido por la defensa de la madre tierra Tatei Yurienaka, que nos da vida y sustento a todos los seres que habitamos este planeta, nuestra casa común, refiere el comunicado.

Su tarea, dijeron, es seguir trabajando por el presente y futuro de nuestro territorio sagrado Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí, donde habitan nuestros ancestros y donde realizamos nuestras prácticas espirituales, que son amenazadas por la industria minera y la industria agrotóxica, entre otras.

En julio de 2011, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, a través de sus autoridades tradicionales, inició el juicio de amparo 819/2011-VI, ante la omisión del Estado mexicano de garantizar nuestros derechos humanos y con el objetivo de la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta, ante las amenazas mineras.

En 2013 se realizó una ampliación a dicho amparo para proteger el derecho de los habitantes del Altiplano a vivir en un medio ambiente sano, no tóxico y a tener acceso al agua limpia, sin que esta sea envenenada o agotada por megaproyectos industriales.

En septiembre de ese año un juez federal de distrito decretó la suspensión provisional de todas las concesiones a las mineras que pretenden explotar ese territorio sagrado. Aunque todavía no hay sentencia definitiva.