La economía digital en México representa 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), equivalente a 1.25 billones de pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, la fiscalización de este sector en el mundo apenas está en vías de regulación. Las empresas de tecnología financiera no son gravadas, pero sí los trabajadores que prestan sus servicios por medio de éstas.

Estimaciones presentadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) exponen que en México se dejan de recaudar 179 millones de dólares por año sólo por no gravar a Uber, Netflix, Spotify y Apple. Asimismo, estimaciones apuntan a que la recaudación a los trabajadores ascendería a 2 mil 200 millones de pesos.

En dicho contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promovieron en junio pasado un esquema para facilitar la retención de impuestos a quienes ofrecen servicios por medio de estas plataformas.

El programa comenzó en colaboración con Uber, Cabify, Bolt y Beat, CornerShop, Rappi, Sin delantal y Uber Eats, pero la SHCP informó que no cuenta con información de cuánto espera captar, mientras el SAT no dio respuesta al cierre de esta edición.

Hasta ahora, el esquema únicamente impacta a los trabajadores, con un impuesto diferenciado dependiendo del nivel de ingresos. La estimación más reservada apunta que un conductor de estas plataformas gana en promedio 25 mil pesos al mes. La Resolución de la Miscelánea Fiscal 2019 llama a retener a los prestadores de servicios una tasa de entre 3 y 9 por ciento de su ingreso mensual del impuesto sobre la renta (ISR), dependiendo de su nivel de ingresos, y de 8 por ciento, sin importar ingresos, del impuesto al valor agregado (IVA). Este esquema simplifica la fiscalización.

Las empresas son el siguiente pendiente. Apenas en marzo pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó en su marco de inclusión una propuesta que permitiría a los países estimar los impuestos que recaudarían por las actividades que realizan las multinacionales en sus territorios, pero también de acuerdo con los márgenes de beneficio que logran en todo el mundo.

También se estudia la posibilidad de fijar un impuesto mínimo mundial, que reduciría la competencia fiscal entre tecnológicas. La OCDE aspira a alcanzar un acuerdo final a principios de 2020.

En entrevista con La Jornada, Ricardo Martner, integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corportativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés, organismo internacional que cuenta con economistas de todo el mundo para regular de manera apropiada a las grandes transnacionales), expuso que no resarcir ahonda la desigualdad entre los países.

Y es que los paraísos fiscales –regiones donde se ocultan operaciones para reducir la carga impositiva– operan desde hace años, pero los esquemas actuales que proveen la tecnología digital no necesariamente requieren de un domicilio fiscal en todas las localidades en que estas empresas generan riqueza.