Organizaciones ecologistas afirmaron que si bien la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó un resolutivo favorable condicionado para edificar y operar el aeropuerto internacional de Santa Lucía, aún no pueden iniciar los trabajos de construcción, pues el gobierno federal debe cumplir antes con varios estudios de impacto social, arqueológico, de sustentabilidad de agua e impacto de ruido, entre otros.

En entrevista con La Jornada, Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), alertó que será la Procuraduría General de Derecho Ambiental (Profepa) la encargada de supervisar que las acciones para mitigar el impacto ambiental efectivamente se realicen, es decir, la administración federal será juez y parte. Agregó que no se trata sólo de tener una manifestación de impacto ambiental (MIA) favorable, sino de cómo nos vamos a asegurar de que las condiciones impuestas se van a cumplir.

Alanís Ortega, experto en temas ambientales, detalló que aún se debe analizar si las propuestas presentadas por diversos académicos al proyecto fueron o no tomados en cuenta, así como la información adicional que la Semarnat solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como promovente del proyecto, y que aún desconocemos su amplitud y profundidad para determinar si efectivamente se entregaron todos los datos requeridos.

Si bien reconoció que tanto en la MIA del aeropuerto de Texcoco como en el caso de Santa Lucía la Profepa es el organismo responsable de vigilar el cumplimiento de todas las condicionantes ambientales, esto nos pone en una situación de conflicto de intereses, porque el promovente es el gobierno federal, del cual también depende el organismo que lo vigilará, por lo que se vuelve juez y parte. Habrá que apostarle a la objetividad e imparcialidad de la Profepa para que haga su labor, y a la sociedad civil de estar atenta.

En cuanto a los estudios que aún deben realizarse para iniciar los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea, detalló que se trata de investigaciones en materia social, de arqueología y aeronáutica, entre otros, pues la Semarnat estableció que sólo se pronuncia sobre los aspectos ambientales de la obra, pero hay otros permisos de competencia estatal y municipal que no le corresponden, como la licencia de construcción a nivel local.

Destacó que otro de los requisitos es que se deberá solicitar un permiso ante la Dirección Forestal de la Semarnat para el cambio de uso de suelo para las 17 hectáreas de terreno forestal, y antes de iniciar la obra debe cumplir con este requisito. Insistió en que también se deberá cumplir con varios programas de rescate de flora, fauna, conservación y restauración natural, uso sustentable del agua, monitoreo de aves, calidad del aire y de disposición de residuos.

Por ello, afirmó que será relevante que la Sedena cumpla con los informes mensuales y anuales que deberá entregar durante el proceso de construcción de la terminal área, los cuales deberán estar apegados a la realidad; en caso de incumplimiento, la Profepa deberá inspeccionar y, en su caso, sancionar, por lo que la sociedad civil también tendrá que estar muy vigilante.