Villahermosa, Tab., Debido a anomalías detectadas en el programa Corazón Amigo, que en 2018 manejó 300 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) llamará a ex funcionarios de la administración del perredista Arturo Núñez Jiménez para que aclaren el destino de ese dinero, pues de un padrón de 38 mil discapacitados, 80 por ciento no cumplía con las normas establecidas.

Mario Llergo Latournerier, secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático de la actual administración estatal, confirmó que en los estudios y auditorías que se practican al programa Corazón Amigo – destinado a personas con discapacidad– se descubrió que sólo 20 por ciento de los beneficiados cumplía con la norma, por lo que un amplio porcentaje de personas no debió ser incluido.

Aunque expuso que estas acciones no son una cacería de brujas contra el programa de la pasada administración, pero sí están realizando las acciones necesarias para determinar si los recursos de los tabasqueños fueron manejados de manera correcta.

Corazón Amigo, junto con Cambia tu Tiempo, fueron los programas sociales más importantes del gobierno de Núñez Jiménez (2013-2018). El primero se manejó desde la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, mientras el segundo se instrumentó desde el DIF-Tabasco, cuya titular fue Martha Lilia López Aguilera, esposa de Núñez Jiménez; pero ambos fueron desaparecidos en octubre pasado, por una iniciativa aprobada por la 53 Legislatura del Congreso local, con mayoría de Morena.

Solamente en el ejercicio 2018 al programa Corazón Amigo se le destinaron 300 millones de pesos, cuyo manejo está siendo investigado, según han dicho las actuales autoridades.

En entrevista con los medios, Llergo Latournerier explicó que en las auditorías que se practican a Corazón Amigo, la mayor parte de la muestra poblacional que se revisa no calificaba para ser beneficiaria del programa, pues muchos no eran discapacitados.

Ante ello, agregó que se informará a las instancias correspondientes de esta situación.

Mencionó asimismo que ya concluyó una primera etapa, en que se solventaron algunas cuestiones, pero la SFP está en la etapa en que debe llamar a ex funcionarios para que aclaren las irregularidades, por lo que el procedimiento administrativo sigue su curso, subrayó.