En la década pasada, el gobierno mexicano fue omiso ante el desplazamiento interno forzado por violencia, lo cual es una vergüenza, advirtieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG).

El fenómeno afecta hoy a cientos de miles de personas, que se ven obligadas a huir en su propio país.

Especialistas hicieron un balance del tema, con la participación de Alexandra Bilak, directora del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), cuya sede está en Ginebra; ella recomendó al Estado generar un fondo presupuestal para atender a los más vulnerables –especialmente niños y mujeres indígenas– y reparar el daño.

Andrés Ramírez, director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dijo que tras una visita a Chiapas, el miércoles, en compañía de Bilak, se pudo confirmar la gran deuda histórica que tiene el país con sus propios desplazados. Tan sólo en esa entidad hay 129 mil afectados.

Aunque se creó la Comar en los años 80 para atender a los desplazados guatemaltecos, no se ha generado una instancia para las propias víctimas mexicanas, aseveró.

El país aborda el tema, pero no ha atendido a sus propios desplazados, sino a los extranjeros “lo cual está bien, pero es vergonzante que hasta 2019, con este nuevo gobierno, se ha dicho ‘ya basta’”.

Señaló que visitaron un refugio en Chenalhó, donde la realidad es muy trágica y triste: ver indígenas jóvenes en un nivel de pobreza extrema que pocas veces he visto, incluso en otros lugares del mundo como la propia África, en refugiados a escala internacional.

Esos niveles de pobreza, agregó, no pueden existir en un país con el producto interno bruto que tiene México, décimo tercera economía mundial. Es realmente una vergüenza. Tenemos esa deuda, y debemos tomarla con toda seriedad, subrayó.

Por ello, agregó, se requiere generar una respuesta institucional, con bases sólidas y presupuesto suficiente, no dar palos de ciego.

Gobernación prepara un proyecto de ley de desplazamiento interno, que está en análisis jurídico; se prevé enviarlo al Congreso lo más pronto posible.

Rocío González, titular de la Unidad de Política Migratoria de la dependencia, hizo énfasis en la omisión del gobierno en los 10 años recientes, pese a haber recibido recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Bilak reiteró que es un avance que las autoridades reconozcan esta problemática. “La mayoría de las conversaciones que hemos tenido en las últimas 48 horas han sido sobre el desplazamiento interno debido a la violencia por grupos armados locales y actividades paramilitares, lo cual muestra una gran dimensión política. Algunas historias de esta violencia se refieren a la parte política y electoral, a la ambición de grupos que buscan controlar territorio y recursos, por lo que esto tiene una dimensión política y poder, que se tiene que tomar en cuenta para hallar una solución, señaló.

Otro tema clave, destacó, son las comunidades indígenas afectadas por el desplazamiento interno; muchos niños no van a la escuela desde hace tres años, porque ni siquiera pueden salir de los albergues, por miedo a ser agredidos.