La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a las autoridades correspondientes en favor de los albergues Exodus Came, en Agua Prieta, Sonora, y Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila, donde en dos operativos por separado elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal realizaron revisiones del estatus de los allí alojados y solicitaron información sobre ellos.

Las medidas buscan evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos y la posible irreparabilidad de daños para el personal que colabora en estos espacios y los migrantes que ahí se alojan o se puedan alojar.

Aunado a ello, el organismo nacional condenó el hostigamiento, amenazas y presiones de personal militar y de la Guardia Nacional contra defensores de los derechos humanos de los indocumentados. Demandó a los tres órdenes de gobierno respeto a la normatividad aplicable a estas estancias que alojan a personas en contexto de movilidad.

Ambos espacios han sido objeto de presencia de agentes policiales. El 28 de junio, una veintena de elementos de la Guardia Nacional intentaron ingresar al albergue Exodus Came en Sonora, para solicitar información de las personas que ahí se encontraban. En tanto el 20 de julio, policías federales intentaron hacer lo mismo en la Casa del Migrante de Saltillo. Tres días después, militares y policías municipales realizaron un operativo afuera de las ins-talaciones de ese espacio para intentar detener a tres personas extranjeras ahí alojadas y que momentos antes habían salido de las instalaciones.

De acuerdo con la CNDH, esas acciones “contravienen lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Migración, que a la letra dice: ‘El Instituto (Nacional de Migración) no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes’”.

El organismo nacional reconoció la relevancia y trascendencia social de la labor de los defensores de los derechos de quienes están en situación de movilidad, por lo que desaprobó que su trabajo sea obstaculizado mediante la estigmatización y el descrédito, que afectan de manera profunda y sensible a quienes ejercen esa actividad, y les coloca en situación de mayor vulnerabilidad.

Agregó que cualquier acto de hostigamiento, amenaza o presión debe reprocharse en un momento tan sensible y complejo como el que atraviesa el país en materia migratoria.

Estas instalaciones se han constituido en espacio de alojamiento y generosidad hacia las personas y familias, niñas, niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad y han dado respuesta alternativa y humanitaria en México, subrayó en el documento en el que dio cuenta de la emisión de las medidas cautelares.