AMLO destituye al secretario ejecutivodel Coneval ¿Lo cerrará?
l Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), creado por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en 2004, tiene dos facultades centrales: medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social (“La evaluación de la política de desarrollo social estará a cargo” del Coneval, que “podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa”, artículo 72). El Coneval empezó a operar en 2005 cuando su secretario ejecutivo (Gonzalo Hernández Licona, recién destituido) fue nombrado por Fox (era, desde 2002, director general de evaluación en la Sedeso; había sido el conductor principal de la evaluación de desarrollo social por 17 años) y, poco después, los seis investigadores académicos fueron designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social (formada por varias secretarías federales, los titulares de desarrollo social de las entidades federativas, y dos personas del Poder Legislativo federal). La elección fue operada desde la Secretaría de Gobernación del régimen de Fox, que pasó a la mayoría de los integrantes de la Comisión la lista de por quienes deberían votar, dejando fuera a los candidatos que tenían apoyo del PRD. La LGDS establece que estos investigadores durarán en su encargo 4 años y que terminado su periodo se podrá reelegir la mitad de ellos, lo que ocurrió en 2010: tres fueron reelectos y se designaron tres nuevos. Estos seis investigadores permanecen hasta la fecha. Los tres reelectos llevan 13 años en el cargo; dos de ellos formaron parte, desde 2002, del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de la Sedeso, por lo cual llevan 17 años decidiendo cómo se mide la pobreza en el país. Los otros tres llevan 10 años en su encargo. Ello se explica, aunque no se justifica, porque en febrero de 2014 se adicionó el apartado C al artículo 26 constitucional que le otorga autonomía al Coneval, pero su ley reglamentaria quedó congelada en el Senado, lo que parecería haber puesto al organismo en un limbo legal. Sin embargo, el artículo transitorio de la reforma referida, que entró en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se puede leer de otra manera. (véase cuadro). Al parecer hubo un acuerdo de la Comisión Nacional de Desarrollo Social que explica que no se haya constituido el consejo general del organismo constitucionalmente autónomo y que no se hayan elegido los consejeros que el transitorio establece. La facultad de emitir la convocatoria para esta elección corresponde al secretario ejecutivo. Los integrantes del Coneval, al parecer, no querían la autonomía constitucional, lo que se refleja en que, en su página web, el artículo 26 de la Constitución (incluyendo su artículo transitorio) no está incluido entre la normatividad que lo rige. En la mañanera de ayer, a pregunta explícita, AMLO contestó que no descarta la desaparición del Coneval y que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) podría sustituirlo, ignorando que el Inegi no tiene facultades para evaluar el desarrollo social y que se requiere una reforma constitucional para desaparecer al Coneval.
Hay mucho que decir sobre el Coneval, pero es poco el espacio. A lo largo de estos años he criticado (y lo ha hecho también Araceli Damián) sus mediciones de pobreza, que han sido conducidas para minimizar la realidad de la pobreza en el país. Sobre la evaluación, el Coneval ha cumplido a medias su responsabilidad. Mientras la LGDS dice que “la evaluación estará a cargo del Coneval”, y lo reitera la Constitución (“a cargo… de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones”) el Coneval ha dejado la mayor parte de la tarea de evaluación en manos de los operadores mismos de los programas, como lo muestran las evaluaciones del Oportunidades-Prospera, hoy ya sepultado, lo cual viola la idea esencial de su creación: la evaluación válida no la puede hacer el operador ni alguien contratado por el operador (por aquello de que el cliente tiene la razón). Desde que se promulgó la LGDS, la Sedeso inició una guerra sucia en contra de la misma. El reglamento de la LGDS estableció disposiciones contrarias a la letra y espíritu de la ley, lo que llevó a la Cámara de Diputados a presentar una controversia constitucional que duró dos años en la SCJN, que al final falló a favor de la Sedeso, con el voto razonado en contra del ministro Góngora Pimentel (Véase Economía Moral, marzo 7, 14 y 21 de 2008). Ernesto Cordero, promotor de la autonomía del Coneval señaló, en la exposición de motivos, que (con lo cual concuerdo):
“…La administración del Coneval está a cargo de un comité directivo, presidido por el secretario de Desarrollo Social, quien es nombrado por el Presidente de la República. Por tanto, el Coneval se encuentra subordinado al Ejecutivo Federal… su administrador y su secretario ejecutivo, son nombrados por él... Están sujetos a las circunstancias políticas y voluntad del Presidente, careciendo de autonomía para sus decisiones y funciones. [No] es admisible que el organismo encargado de evaluar las políticas de desarrollo social sea parte del mismo Ejecutivo. Resulta de gran importancia que el Coneval sea un organismo autónomo para que sirva como contrapeso de la actividad del Ejecutivo.”
