Buenos Aires. El abogado Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), denunció ayer penalmente al presidente Mauricio Macri y a Christine Lagarde, ex directora ferente del Fondo Monetario Internacional (FMI), por abuso de autoridad, administración fraudulenta y asociación ilícita mediante el plan de salvamento del organismo para intentar ayudar al presidente a ser relecto, dejando al país en una muy difícil situación.

El abogado califica de plan bomba para Argentina lo acordado con el FMI, y denunció también al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y a otros funcionarios que intervinieron en estos acuerdos. Detalló que sus acusaciones van desde el momento en que el 8 de mayo de 2018 el presidente Macri anunció la solicitud al FMI de una línea de apoyo financiero para Argentina ante las condiciones internacionales más complejas que existían.

Un mes después el FMI anunció un entendimiento de sus técnicos con el país para un acuerdo stand by de tres años por 50 mil millones de dólares. Todo esto, sin cumplir con ninguno de los requisitos de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece la necesidad de una ley que lo autorice expresamente.

Luego menciona que en octubre de 2018 se anunció un nuevo acuerdo, “el mayor en la historia del organismo que dirigía Lagarde, que elevó la asistencia financiera al país a 56 mil 300 millones de dólares hasta 2021, evidenciando que el programa original resultaba insuficiente y para asegurar la capacidad de pago de la deuda. En junio de este año, Lagarde admitió que subestimó la situación complicada de Argentina.

De acuerdo con Grabois, esto significa un gigantesco fraude en perjuicio de la administración pública nacional que no podría haber sido cometido sin la participación de Lagarde, quien, para ello, debió violentar incluso el reglamento del FMI en cuanto a transferencias de capital, lo que configuraría, en su acuerdo con el presidente, una asociación ilícita.

Ni el presidente, Lagarde y los agentes del FMI, ni los funcionarios de ambas partes podían desconocer las limitaciones de Argentina en sus capacidades de repago al considerar que tanto el acuerdo original como las revisiones posteriores han tenido como finalidad principal la de asegurarle a los acreedores externos privados el pago de los servicios e intereses de la deuda externa y la estabilidad cambiaria, es decir, asegurar la fuga de capitales.