La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) seis denuncias penales contra 235 servidores y ex servidores públicos –federales y estatales– que habrían incurrido en irregularidades, delitos y omisiones durante las investigaciones por el caso Iguala, que dejó, entre otros crímenes, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

Destaca la denuncia penal por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito que la propia CNDH identificó en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante una diligencia en el río San Juan, el 28 de octubre de 2014, que fue encabezada por el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y los casos donde se dieron actos de tortura.

El organismo informó que 116 servidores públicos –82 federales y 34 estatales– habrían realizado actos u omisiones durante las investigaciones ministeriales; en tanto que otros 119 –114 federales y cinco estatales– fueron denunciados por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias además de otras violaciones.

También resaltan las dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero y de la PGR, por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses Costa Line 2513 y Estrella Roja 3278, utilizados por los normalistas y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la recomendación 15VG/2018 por violaciones graves, presentada por la CNDH el 28 de noviembre del año pasado, dos días antes de la conclusión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre los casos de tortura o tratos crueles denunciados penalmente, se encuentra el de Carlos Canto Salgado, quien fue detenido acusado de haber participado en la desaparición forzada de los 43 jóvenes, lo que quedó en evidencia a través de un video que circuló en Internet y que varios medios difundieron, en el que se observa que varias personas lo atormentan, entre ellos presuntamente Carlos Gómez Arrieta, entonces jefe de la Policía Federal Ministerial.

Al dar los detalles de las denuncias, el organismo nacional reconoció que con los elementos que tuvo para elaborar la recomendación por el caso no pudo comprobar la tortura contra Canto Salgado. Sin embargo, tras la difusión del video, ha incorporado el mismo a los otros casos en los que sí acreditó ese delito.

Dicho material (el video) constituye una prueba superveniente y fue incorporado al expediente (de la CNDH) y, en consecuencia, se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de tortura, para que sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden las responsabilidades del caso, subrayó.

Las denuncias penales se presentaron el pasado 22 de junio, con el fin de que las autoridades competentes desarrollen las actuaciones que legalmente les corresponden y determinen lo que proceda conforme a derecho.

Además de esas querellas, la CNDH interpuso 12 denuncias administrativas contra 140 funcionarios de los gobiernos federal, de Guerrero y del estado de México.