Especialistas en política social alertaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará, a partir de 2022, la obligación de pagar con recursos públicos la pensión mínima garantizada.

Explicaron que eso se debe a que el sistema de ahorro se convirtió en un éxito financiero para las Afore, pero para los trabajadores sólo representa un aumento de pobreza en la vejez.

Entre ese año y 2060, el Estado deberá destinar 5 billones de pesos para cubrir pensiones, calcularon.

Durante el foro Desafíos de la nueva política social en México y su impacto económico, convocado por Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Berenice Ramírez López expuso que el sistema de pensiones no representa una política de seguridad social, sino se trata sólo de un ahorro que no garantiza una pensión.

Precisó que para las Afore el negocio de la administración del ahorro para el retiro representa ya 15 por ciento del PIB, y en contraste la mayoría de los trabajadores sólo tendrá disponible, al final de su vida laboral, 20 por ciento de su último salario.

El objetivo de la política social debe ser la distribución de la riqueza, porque, recordó, las estrategias de años recientes se enfocaron en el aumento del gasto, pero no hay resultados en el combate a la pobreza.

Rubén Zarco Novelo, director de la organización civil Piensa, consideró que la pobreza en México no se acabará con la asistencia social. La política de subsidio a los más pobres no contribuye a la actividad productiva, pues se ha usado como un medio para obtener votos, dijo.

En 2022 inicia nuevo sistema de pensiones

Por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el investigador Giovanni Jiménez Bustos adelantó que será en 2022 cuando se jubilen los primeros trabajadores bajo el régimen de las Afore aprobado en el sexenio de Ernesto Zedillo, y señaló que el gasto que el Estado deberá afrontar hasta 2060 equivale casi a todo el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Consideró que ello requerirá de recursos fiscales y, en ese sentido, planteó una reforma tributaria que se centre en el consumo. La recaudación no puede seguir basada en el ISR que pagan los trabajadores formales y solventan el gasto público, pero también se jubilarán con pensiones bajas, concluyó.