Los primeros 45 días del acuerdo entre México y Estados Unidos concluyeron, pero la relación bilateral y la política migratoria nacional siguen supeditadas a los intereses del presidente Donald Trump, advirtió un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En conferencia de prensa conjunta, representantes de Sin Fronteras, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, hicieron un balance sobre los impactos que ha tenido el convenio alcanzado entre funcionarios de Estados Unidos y México el pasado 7 de junio con el fin de frenar la amenaza del magnate de imponer aranceles a los productos de exportación nacionales.

Entre los costos humanos destacaron que han sido detenidos más de 50 mil niñas, niños y adolescentes, que en su mayoría han sido deportados sin respetar su interés superior, como ordena la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, se registraron 100 mil 861 detenciones de enero a junio de 2019 y la mayoría terminó en deportación, sin acceso efectivo al asilo.

En tanto, hay un nulo fortalecimiento a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a pesar de que en los primeros seis meses del año ha recibido 30 mil solicitudes, tres veces más que en el mismo periodo de 2018.

Destacaron que hay 20 mil personas varadas en la frontera norte sin acceso al asilo y en condiciones de vulnerabilidad, sin trabajo ni cobertura de sus necesidades básicas.

Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras, anunció que presentaron una demanda de amparo contra el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

Si bien, expuso Saiz, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirma que se trata de un acuerdo político no vinculante entre dos naciones que pretenden cumplir sus leyes, nosotros consideramos que cumple los requisitos de un tratado.

Agregó que ese pacto tiene vicios, tanto de forma como de fondo, porque debería ser ratificado por el Senado y no participaron las autoridades legalmente facultadas para hacerlo, como la Secretaría de Gobernación.

Ana Saiz detalló que la demanda es por la ilegalidad de este trato; tanto de manera formal como por el contenido, consideramos que viola normas de derecho internacional y nacional.

Enfatizó que este recurso será encaminado hasta sus últimas consecuencias, sin descartar que llegue a instancias internacionales.