San Diego. El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que expandirá ampliamente la autoridad de los agentes de inmigración para deportar a indocumentados sin que se les permita comparecer primero ante un juez, su segundo gran cambio en materia migratoria en los pasados ocho días.

A partir de este martes, las deportaciones aceleradas podrán ser aplicadas a cualquier persona que lleve menos de dos años en el país de manera irregular. Antes, dichas repatriaciones se limitaban principalmente a las personas que eran arrestadas casi en forma inmediata después de cruzar la frontera con México.

Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, describió la extensión a escala nacional de la autoridad de retiro expedito como un nuevo intento del gobierno federal de atender la crisis actual en la frontera sur al poner a disposición camas en los centros de detención y reducir el retraso de más de 900 mil casos migratorios pendientes.

Las autoridades federales no cuentan con espacio para mantener detenidos a la gran mayoría de los indocumentados arrestados en la frontera con México, lo que ha provocado la liberación de cientos de miles de personas a las que se les entrega un citatorio para asistir a un tribunal, comentó McAleenan en la directriz sobre la nueva política que será publicada en el diario oficial, el Federal Register.

El funcionario indicó que los agentes de Seguridad Nacional que cuenten con esta nueva autoridad de deportación repatriarán a los inmigrantes que están ilegalmente en el país más rápido de lo que lo hacen las cortes migratorias del Departamento de Justicia, donde los casos pueden tomar años en resolverse.

La agencia “prevé que el pleno uso de la autoridad legal de retiro expedito fortalecerá a la seguridad nacional, reducirá el número de ingresos ‘ilegales’, y garantizará la expulsión rápida de extranjeros detenidos en Estados Unidos”, declaró McAleenan.

La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y el American Immigration Council señalaron que entablarán una demanda para bloquear la reciente medida.

Bajo este plan ilegal, quienes han vivido aquí durante años serían deportados mediante un proceso menor que en un tribunal de infracciones de tránsito, dijo Omar Jawdat, director del Proyecto por los Derechos Migrantes de la ACLU.

El retiro expedito les da a las agencias del orden una extensa autoridad para deportar personas sin permitirles comparecer ante un juez de inmigración, con algunas excepciones, incluyendo si expresan temor de volver a su país de origen y aprueban una entrevista inicial para la respectiva solicitud de asilo.

La medida fue creada conforme a una ley de 1996, pero se mantuvo prácticamente en desuso hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional indicó que se ejercería en personas que fueron arrestadas menos de dos semanas después de cruzar hacia Estados Unidos por la vía terrestre o que fueron detenidas a menos de 160 kilómetros de la frontera.

Las deportaciones aceleradas se han convertido en una parte importante del combate federal a la inmigración irregular durante la última década. Detractores de la medida aseguran que otorga demasiado poder a los agentes migratorios y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.